FRENTE AL TÉRMINO DE UN AÑO E INICIO DE OTRO

*La expectativa de la relocalización de empresas demanda la generación de infraestructura y de voluntad para propiciar el marco adecuado

POR AGP

Celaya, Gto. (25 de diciembre de 2022).- Nos preparamos al cierre del año. En ocho días estaremos iniciando la cuenta del 2023 con nuevas expectativas, generadas por esa sensación de iniciar algo nuevo, aunque en realidad, para la mayoría será un día más, sólo que en la cuenta de otro segmento en la línea de la vida; no hay, por sí solos, cambios abruptos, salvo para aquellos que iniciarán un nuevo empleo o para quienes tienen la voluntad de emprender nuevas actividades, motivados por los “cortes de caja” de cada 365 o 366 días, siempre y cuando se tome en cuenta el resultado inmediato y el del pasado mediato para partir de bases sólidas.

México, como país, tiene su forma de organización establecida en la Constitución: su gobierno presidencialista, sus instituciones oficiales, y sus organismos sociales, formales e informales, pero todos obligados -en lo individual y en lo colectivo- a actuar en el marco de la legalidad, y realizar, desde el lugar en que se ubiquen, las actividades que les correspondan e interactuar coordinadamente, para el impulsar el desarrollo individual y de la Nación en su conjunto, pasando por sus niveles de organización territorial estatal y municipal.

Es decir, el “corte de caja” corresponde a todos los niveles, de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades; pero como sociedad y como ciudadanos en particular, por derecho constitucional, sí pueden y deben revisar la actuación de los gobiernos e instituciones de oficiales, incluyendo partidos políticos y organismos financiados con recursos públicos, en cuanto a su contribución al desarrollo integral del país y su repercusión en la vida personal y comunitaria de la sociedad, tanto en los nivel municipal, como estatal y federal.

Si bien, esta revisión puede realizarse desde el punto de vista del sentido común, comparando -por ejemplo- el precio de los productos y el alcance del salario o de utilidad, de un año a la fecha; hay instituciones y organismos públicos y privados acreditados, que aportan elementos técnicos, que dan mayor certeza, en la medición de avances o retrocesos en todos los ámbitos, no sólo en el económico, salud y seguridad, sino también en lo político y social, que permiten conocer mejor la realidad en la que nos encontramos al término del 2022.

Entre esas instituciones están: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Centro Nacional de Metrología (Cenam), la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), Transparencia Mexicana y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), entre otras, los que presentan algunos resultados de sus mediciones y evaluaciones, las cuales permiten -en muchos casos- tomar decisiones más acertadas, pues hay variables que no se controlan localmente, ni como país, como la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha impactado este año en la economía mundial.

Los analistas especializados -otra fuente de evaluación- citan como ejemplo de las consecuencias de esa guerra, aunadas a las que se habían generado por el confinamiento de la Pandemia de Covid-19, la necesidad de relocalización de las empresas ubicadas en países asiáticos, principalmente, a los países de América, con preferencia a México, país colindante con el mercado más grande del mundo y con la ventaja del T-MEC; sin embargo, consideran que no se ha aprovechado debidamente, por dos motivos fundamentales: violaciones al estado de derecho, que ahuyenta las inversiones  y la falta de infraestructura tecnológica, incluso falta de disponibilidad para facilitar la ampliación del espectro radiológico para las aplicaciones de banda ancha, cuya planeación estratégica corresponde al gobierno, lo que implica una revisión de las de baja frecuencia, cita un estudio del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, que requiere de una decisión del gobierno y del Poder Legislativo para reformar algunas leyes.

En fin, México como país, Guanajuato como estado y Celaya como municipio y centro de la región Laja-Bajío, necesitan tomar decisiones oportunas y acertadas sobre la infraestructura que se requiere, en este aspecto, para captar nuevas inversiones. Existen muchas más áreas de oportunidad que se circunscriben a los ámbitos estatal y municipal, que deben ser atendidos de manera urgente.