By *Presidenta capotea el vendaval
*Confían en hallar una salida
*Evitarían se filtren criminales
*Oposición presiona a Morena
*Reserva posturas Gutiérrez
POR AGP
DE SOBERANÍA A SOBERANÍA
De la noche a la mañana, México pasó a ser el centro de la política transnacional del presidente Donald Trump, apuntando a los más altos niveles de políticos morenistas, con la difusión de la “nueva lista negra”, que encabeza el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya -ahora ya con licencia “temporal”, no para entregarlo, sino para ganar tiempo, mientras se negocia otra salida, y para darle credibilidad a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR)-. En tanto, Yeraldine Bonilla Valverde, asumió la gubernatura de manera interina.
Algunos análisis, general, de los muchos que se han realizado en los últimos días, a raíz de la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos ( EE. UU.) a México para extraditar a una decena de políticos del estado de Sinaloa, acusados de ser aliados de narcotraficantes, e incluso, de operar redes, o de permitir su funcionamiento, revela que los “puntos finos” del entramado, no son claros para todos; o más bien, se han presentado a conveniencia de parte; sin embargo, se sostiene que Donald Trimp no está en contra de México, ni siquiera en contra del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador; más bien, va contra quienes, desde el gobierno, se han involucrado, operado, participado o permitido la actividad de las redes criminales, con fines de introducir y comercializar drogas, en Estados Unidos. Ese es el asunto, realmente.
Si México defiende su soberanía, como parte esencial del Estado Mexicano y de su política de no intervención -el discurso de todos los días de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo-. Estados Unidos, también hace lo propio y se defiende, desde que su soberanía se ha visto vulnerada por el narcotráfico, que pasó de ser un asunto de comercio ilícito, a un riesgo mayor, de seguridad nacional, en el que los grupos del crimen organizado, aliados con Morena, primero, y con miembros del gobierno al más alto nivel, después, se involucraron, no sólo en asuntos electorales locales, imponiendo gobernantes del crimen organizado o a políticos de Morena y partidos aliados, bajo determinadas condiciones; sino que intervinieron, apoyaron o permitieron el tráfico de fentanilo, entre otras drogas, a Estados Unidos -documentado con los testigos protegidos-.
La ofensiva de Donald Trump, en defensa de la soberanía de su país, vulnerada por el crimen organizado, empezó cuando éste, en su segundo período, declaró terroristas a los grupos del narcotráfico, a quienes amenazó perseguir donde estuvieran -como el caso de Nicolás Maduro-. En México, así cayeron -con el apoyo del gobierno- Ovideo Guzmán López, Ismael Zambada García (El Mayo Zambada) y varios operadores destacados en algunas regiones del país.
Lo que no esperaba el gobierno de México, aún sabiendo cómo están tejidas las redes, que Trump apuntara más alto; pero de acuerdo a la narrativa de aquel presidente, la corrupción en México, a ese nivel, está dañando a su país y poniendo en riesgo su soberanía, porque para Donald Trumpo la introducción de narcóticos a Estados Unidos, representa hoy la mayor amenaza.
El problema para el gobierno mexicano, radica en cómo va a enfrentar esta embestida, que según los analistas, es una ruta sin retorno y va a ir en ascenso. Para la Presidenta de México, proteger a las figuras clave, a riesgo de un choque frontal con el principal socio comercial del país y vecino hegemónico, o entregar a los políticos involucrados al escrutinio internacional, supondría una claudicación inaceptable para los más cercanos a López Obrador y para muchos simpatizantes, que aún confían en la Cuarta Transformación (4T). Cualquiera de las dos alternativas tiene sus riesgos; pero también es una oportunidad para la Presidenta Claudia Sheinbauam Pardo de marcar límites y darle un rumbo propio a su gobierno, sin hacer a un lado la Cuarta Transformación, sino enderezarla, porque -al final- su continuidad es el sustento de su administración.
En este sentido, el análisis abunda: “La defensa de la soberanía nacional ha sido el escudo retórico por excelencia del actual gobierno mexicano, ante cualquier intromisión extranjera. Sin embargo, este escudo pierde eficacia cuando las acusaciones provienen de investigaciones detalladas sobre corrupción o nexos con el crimen transnacional. La narrativa de la “injerencia imperialista” convence a las bases más radicales, pero hace agua ante los mercados internacionales, inversionistas extranjeros y en la clase media más informada del país.
Si Trump decide activar sus recursos legales en contra del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y del hijo del exmandatario mexicano, como lo ha hecho contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus más cercanos colaboradores, el Palacio Nacional sería asediado por la paranoia y la desconfianza, acabando con la cohesión del gabinete. Naturalmente, no es lo que desea la mayoría de los mexicanos, pero hay que estar preparados ante el siguiente paso de Trump, advierten, teniendo de rehén la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que a nadie conviene que éste termine resquebrajado.
Los analistas presentan otros elementos en los que esta situación está impactando, como el distanciamiento de políticos y empresarios que buscaban los favores de estos personajes, para no verse arrastrados en la vorágine que se viene. A la vez, reconocen que la estrategia Trump no es ajena a una lógica electoral y geopolítica implacable, porque la mano dura contra México es un activo que tiene para consolidar su base electoral más conservadora, ahora que se viene la reelección; pero, también, es un mensaje al resto de la clase política mexicana y latinoamericana: nadie está fuera del alcance de la justicia estadounidense, si sus intereses particulares entran en conflicto directo con los de la Casa Blanca.
Con estas medidas se habla de una reconfiguración de las reglas del juego diplomático, regresando a las épocas más oscuras de la intervención coercitiva, pero ahora disfrazada de legalidad financiera y combate al crimen organizado.
En lo interno, la mayoría espera lo mejor para México. El Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, son los puntos clave en los que se debe construir el nuevo entramado político, económico, social y humano de este país; no en la hegemonía de un partido y gobierno, que prueba, una vez más, que la concentración de poder sólo genera excesos, corrupción, crímenes e impunidad.
ARIADNA MONTIEL LLEGA A MORENA
Para salvar lo que quede del desastre, legisladores de Morena se adelantaron a solicitar reformas a los estatutos, para impedir que lleguen a cargos de elección popular personajes ligados a grupos criminales, ante la inminente llegada de Ariadna Montiel Reyes, que asume este domingo la presidencia nacional de su partido.
El caso de Rubén Rocha Moya ha cimbrado también a muchos morenistas “ajenos” a los movimientos que se daban en las altas esferas del Movimiento de Regeneración Nacional y que involucra a figuras prominentes de la 4T, pero que desde su lugares de privilegio apoyaron todas las reformas, sin cambiarle ni una coma, que apuntaban al control del poder total, eliminando los contrapesos y los órganos de control.
Aunque, seguramente hay muchas posturas entre los morenistas, la voz que marcará el rumbo será la de Ariadna Montiel, entendiendo que estará en sintonía con la de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien operó estos relevos para Salvar el Movimiento, que dice que es del pueblo.
RECALCA OPOSICIÓN A MORENA COMO NARCOPARTIDO
La oposición no ha perdido tiempo ni la oportunidad de recalcar sus constantes señalamiento en contra de Morena, como narcopartido; pero ahora, no en base a sospechas y exabruptos partidistas, sino en señalamientos de alto nivel que ya investiga la Fiscalía de los Estados Unidos y del cual deben una explicación al pueblo de México, qué sabían y por qué permitieron que escalara hasta convertirse en escándalo internacional, según el líderes nacional del tricolor, Alejandrto Moreno Cárdenas.
Recordó que lo advirtieron, una y otra vez; señalando la complicidad, el avance del crimen y la protección política que tenían. Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza no llegaron solos, sino con el respaldo del gobierno de Morena, con estructura, con operadores y con protección política y “cuando dos narcopolíticos de Morena están bajo este nivel de señalamiento, la responsabilidad alcanza a quienes los impulsaron y los sostuvieron”.
PAN PLANTEÓ DESAPARICIÓN DE PODERES
Para el Partido Acción Nacional (PAN), cuya postura se expuso a través de un comunicado, sin la responsabilidad directa de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, se suscribió al ámbito local pidiendo la desaparición de los poderes en Sinaloa, considerando que un gobierno, bajo ese nivel de señalamientos, no cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar la crisis, ni garantizar la tranquilidad de las familias, que tienen más de un año y medio en situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.
La desaparición de poderes, no es una medida extrema, sino una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales.
Advierte el PAN en el comunicado, que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él.
MOVIMIENTO CIUDADANO: DESAFUERO
Movimiento Ciudadano, a través de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, junto con el diputado Gibrán Ramírez, presentó una solicitud formal de desafuero, ante la Cámara de Diputados, en contra de Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y del senador Enrique Inzunza, considerando que la licencia concedida al gobernador Rocha Moya no es suficiente. Deben enfrentar el proceso sin protección política, para no gozar de impunidad.
Pidió al gobierno federal que actúe con la misma severidad que en casos como el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
MC BUSCA EXPANDIRSE EN GUANAJUATO
Mientras las posturas partidistas entre el Acción Nacional (AN) y Movimiento Ciudadano (MC), a raíz del cambio de uniforme de la presidenta de León, Alejandra Gutiérrez Campos, van de extremo a extremo, entre el éxito y el fracaso, del “movimiento estratégico”; Morena dice que advierte una situación de ingobernabilidad, que ellos pretenden arreglar, cuando enfrentan un problema mayor a nivel nacional, que repercute en cada estado y municipio que gobiernan; porque no son nada irrelevantes las acusaciones que les imputan, formalmente, al gobierno de Sinaloa, pero que alcanzan a otras localidades, sobre su relación con el crimen organizado. El caso de Celaya, por ejemplo, es emblemático por el asesionato de su candidata original, Gisela Gaytán, caso sobre el pusieron una losa de silencio a los voces que exigían justicia y esclarecimiento total de los hechos.
Los celayenses, aún recuerdan que las últimas declaraciones del fiscal general de ese entonces, Carlos Zamarripa Aguirre, apuntaban a líneas de investigación que ligaban al crimen organizado con grupos de Morena. Después de eso, vino el silencio.
Pero en el asunto del PAN y de Movimiento Ciudadano, en León, parece confirmar que la alcaldesa equivocó su movimiento; el peso del panismo se impone, incluso en el Ayuntamiento.
En el asunto de Alejandra Gutiérrez y su arribo a Movimiento Ciudadano, hay reservas de ambas partes; primero, porque la alcaldesa apenas va llegando y, aunque hicieron acto de presencia, además de Jorge Álvarez Máynez, figuras como el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, no toda la militancia le tiene esa deferencia; segundo, a su llegada ella misma puso limitantes en cuanto a su postura sobre asuntos emblemáticos de MC, como el aborto y los matrimonios igualiatarios o del mismo sexo.
Independientemente de esas posturas, el que salió ganando fue Movimiento Ciudadano, ya que algunos militantes se sumarán al gobierno municipal de León, lo que podría ayudarlo a ganar más terreno, en aquella ciudad y en el estado, donde, a nivel estatal sólo gobiernan Cortazar y Moroleón.