EL GRILLERÍO. No lo creen: Dan a Paniagua 30.6% de aprobación

*Ya van más de 346 mil empleos perdidos por la emergencia
*Proponen empresarios Convenio Nacional para salvar empleos
*Plantean otro aumento del .7% a la Impuesto a la Nómina
*Deben darle prisa a la obra pública para apoyar la economía local

POR AGP

Aunque no todos comparten la misma visión, empresarios y trabajadores consideran importante reactivar la economía desde la empresa y el empleo; el gobierno puede repartir dinero a los más necesitados y a los grupos más vulnerables -de acuerdo a los padrones que tienen- y generar empleos emergentes, pero no de manera permanente ni debidamente remunerados, lo cual limita el crecimiento y la aspiración a mejores condiciones de vida de cada persona. Esta es la crítica más constructiva que se hace a las propuestas económicas del gobierno federal, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no termina de limar sus asperezas con el poder económico de este país, afectando a millones de MIPyMES que, sin deberla ni temerla, se ven excluidas de sus padrones de “empresas familiares”, a las que pretende atender.

Luisa María Alcalde Luján.

La solicitud de apoyo, no es capricho -insisten empresarios-; surge a raíz de las restricciones que impusieron las autoridades por la “emergencia sanitaria” (con lo cual están de acuerdo), pero ello los obligó a cerrar, a restringir o a suspender determinadas actividades o, simplemente, a padecer la ausencia de clientes, haciendo inviable, para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, el sostenimiento del negocio, con la obligación de pagar salarios, impuestos y servicios públicos.
Pese a esas diferentes visiones, hay indicios de que el Presidente López Obrador empieza a aceptar, que debe apoyar a las empresas para evitar una crisis más profunda de desempleo y pobreza, porque señala -en un video difundido, este sábado, en redes sociales-, que el asunto de la economía se atenderá después, pasada la emergencia; aunque, ese después, puede ser demasiado tarde.
El lunes de esta semana, la propia titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que, en los primeros días de la emergencia por el coronavirus, del 13 de marzo al 6 de abril, se habían perdido 346 mil 878 empleos en todo el país, propiciado por grandes empresas, mismas que tienen, algunas de ellas, deudas con el fisco.

CONVENIO NACIONAL PARA ENFRENTAR LA CONTINGENCIA

Carlos Salazar Lomelín.

Esta misma semana, los empresarios del país, al verse excluidos del plan de rescate económico del Presidente López Obrador, tuvieron una videoconferencia con la participación de los representantes de los consejos de toda la república, donde cuestionaron “crudamente” la postura asumida por Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Carlos Salazar Lomelín, quien asumiendo su responsabilidad, después de explicar ampliamente lo realizado, puso sobre la mesa su renuncia.
Luego de deliberado el asunto, aunque no todos estuvieron de acuerdo en la forma en que se ha establecido la relación con el gobierno federal, respaldaron a Salazar Lomelín para seguir en el cargo y propusieron plantear un Gran Convenio Nacional entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector social, para proteger el empleo, los salarios y el ingreso de las familias; sentar las bases para una recuperación inmediata, y evitar que las crisis de liquidez de las familias y empresas se convierta en crisis de insolvencia. Para ello, establecieron diferentes acciones, como solicitar diferir los pagos de contribuciones y servicios públicos hasta 90 días para algunos sectores de la economía, como hoteles, restaurantes, y, en general, para las pequeñas y medianas empresas, principalmente. El documento fue entregado al gobierno federal para su análisis. Esperan respuesta.

LA PROPUESTA DEL ESTADO TAMBIÉN ES INSUFICIENTE

Arturo Sánchez Castellanos.

La respuesta del gobierno del estado, tampoco ha sido suficiente; pues, aunque no han dado un reporte de las solicitudes presentadas para acceder a los 800 millones de pesos, que en una primera etapa se redujeron a 470 millones de pesos, trascendió que el lunes seis de julio había más de 12 mil solicitudes de créditos, aunque la mayor parte no estaba calificando de manera aprobatoria.
De cualquier manera, la insuficiencia de recursos es evidente; de ahí que se haya planteado, en reunión de empresarios con el gobernador Diego Sinhue y otros funcionarios estatales, la conveniencia de que el gobierno solicite un crédito por cinco mil millones de pesos para transferirlos, vía préstamo, a las empresas que lo requieran. Para garantizar el pago de este crédito al gobierno del estado, se propuso un incremento más, ahora del .7% (punto siete por ciento), al impuesto sobre la nómina, a partir del 2022; hoy se encuentra en 2.3% para quedar en 3%.
Aunque el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Arturo Sánchez Castellanos, nuevamente se adelantó a dar a conocer la propuesta, empresarios del estado sostienen que hay puntos que no están bien definidos, como: ¿Quiénes o bajo qué prioridad se otorgarán los préstamos?, ¿Cuál es el monto máximo a que puedan tener acceso?, ¿Qué tipo de interés se va a aplicar y el período de pago? Quedó claro, que estos préstamos no van a “fondo perdido”, aunque el gobierno del estado tenga que absorber el interés del mismo con el .7%, que le quedará libre una vez que paguen todos los beneficiados.
Esta propuesta que, según dice algunos, surgió de los empresarios, y otros que del gobierno, pretende salvar más de un millón de empleos, que podrían perderse si no se opta por esta alternativa, pues con la postura del gobierno federal, no ven otra salida.

CANCELAR OBRA PÚBLICA, NO ES VIABLE EN TODOS LOS CASOS

Juan Gaspar García Aboytes.

La propuesta de cancelar la obra pública para dar más apoyos a quienes lo necesiten o créditos a los empresarios de las MIPyMES, en Guanajuato no lo ven viable, porque no hay obras suntuosas y porque la industria de la construcción es la actividad que más puede contribuir a reactivar la economía local: se necesita que haya obra pública y privada, que se inicie tan pronto como termine la emergencia, que la mayoría de los contratistas sean locales, y que compren y contraten aquí los materiales y servicios que se necesiten.
Han sido los mismos empresarios, quienes pedido al gobierno del estado aplicar de manera inmediata los recursos del préstamo, que autorizó el Congreso al Ejecutivo del estado para obra pública.
Saben que la aplicación de estos recursos dependen de los proyectos ejecutivos que tengan los municipios; habrá que ver qué tan preparados están en Celaya Eduardo Amate Tirado, director del Instituto Municipal Información, Planeación y Estadística (IMIPE), y Juan Gaspar García Aboytes, director de Obras Públicas de Celaya, para aplicar los recursos asignados.
Pero no sólo es el caso de Celaya, sino de todos los municipios del estado, ya que el crédito es para todos y todos van a requerir reactivar la economía de su localidad.

LA INSEGURIDAD, LA ENCUESTA Y LA OPORTUNIDAD

Elvira Paniagua Rodríguez.

Aunque no todos están de acuerdo con el índice de aprobación que alcanzó la presidenta municipal de Celaya, de un 30.6%, apenas rozando la media (de 30 a 39) en la muestra de marzo de Mitofsky, hay otros que creen que merece una mejor posición. De acuerdo a la muestra publicada esta semana, aparece en primer lugar el alcalde de Tampico, Tam., Jesús Antonio Nader, con 70.5% de aprobación. De Guanajuato, el mejor calificado es Héctor López Santillana, de León, que se ubica en el lugar 23, con 51.2% de aprobación; en el 31 está Mario Alejandro Navarro, de Guanajuato, Gto., con 44.7%; en el 69, Elvira Paniagua Rodríguez, de Celaya, con 30.6%; y en el 87, María Beatriz Hernández Cruz, de Salamanca, con el 14.2% de aprobación.
Entre los celayenses hay opiniones divididas, pues quienes consideran que la inseguridad es una responsabilidad directa de la alcaldesa y que ha hecho muy poco o casi nada por contenerla, creen que ese 30.6% de aprobación es muy elevado; en tanto, quienes ven el otro lado de la moneda, donde el nivel de inseguridad, en la que está sumido el municipio, es más competencia del estado y de la federación, creen q ue su nivel de aprobación estaría más alto; pero tampoco le ayuda el no escuchar a los ciudadanos y el rehuir hablar con claridad de los temas que le afectan a la población. También creen que mucha de la gente de que se rodeó, le ayuda muy poco.
¿Por qué Jesús Antonio Nader aparece en primer lugar? Dicen los enterados, que él ha encabezado, junto con los alcaldes de la zona metropolitana de Tamaulipas y Veracruz: Tampico, Altamira, Ciudad Madero, Pueblo Viejo y Pánuco, un programa de rescate de los recursos naturales que tienen, principalmente las lagunas que estaban abandonadas y contaminadas, y por otra han desarrollado un programa integral de seguridad, innovador, para devolverle la tranquilidad a sus habitantes; no lo han logrado del todo, pero ya han dado pasos importantes. Lo citamos aquí, para ver si a alguien de los alcaldes de la región se atreve a hacer algo así o mejor, para esta zona metropolitana que está sumida en la inseguridad y abandonada -según se ve- por las autoridades estatales y federales, preocupados más por sus pleitos internos.