By Parte 2
J. Gerardo Mosqueda M.
Con el propósito de abordar distintas dimensiones, en la dinámica social, económica, cultural, pero sobre todo para el desarrollo de las nuevas generaciones en nuestro país, surgen diferentes incógnitas que en la búsqueda de explicaciones parece importante precisar: el gobierno mexicano ha invertido una cantidad muy importante de recursos económicos que se distribuyen a través de programas de gastos social y cuyos indicadores oficiales sobre las atenciones que reciben las juventudes en México, generan más incertidumbre y más desesperanza que las que se presumiera con los principales indicadores gubernamentales de atención a los jóvenes.
En nuestro país, donde hay una clara disminución en los indicadores de matrícula en todos los niveles, inclusive los niños de primaria, el monitoreo evalúa la cobertura y de algún modo la retención de manera indirecta, porque es derivado de reportar el alcance de programas que el gobierno mexicano le llama prioritarios como las becas que abarcan a millones de estudiantes con una inversión enfocada a disminuir la deserción escolar.
Así es que el gobierno mide la transición de los jóvenes hacia el mercado laboral, desde la perspectiva del volumen de dinero que distribuye a través de los programas sociales y hasta hoy no lo mide desde la perspectiva de los indicadores de ocupación, impuestos de trabajo de los jóvenes que reciben recursos del gasto social. Dicho de otro modo, el gobierno mide la transición de las personas de entre 18 y 29 años por que reciben un apoyo económico, equivalente a un salario mínimo y el ejercicio de evaluación sobre la tasa de ocupación posterior en empleos formales es un indicador que deja mucho que desear…
El porcentaje de jóvenes que laboran sin acceso a prestaciones actualmente es del 58.8% de jóvenes ocupados que se encuentran en la informalidad; el Coneval y el INEGI tienen la responsabilidad de supervisar el impacto de la política pública en los derechos básicos de la población de 12 a 29 años, por el momento está midiendo cuántos jóvenes carecen de protección laboral y es superior al 57% en estos segmentos de edad y por otro lado se evalúa el impacto de la cobertura médica pública en las juventudes y desgraciadamente no hay un indicador que sea alentador.
Por el momento tenemos el alcance para corroborar indicadores en tiempo real, tanto el catálogo de indicadores del SNIEG, en segundo lugar los informes de monitoreo del Coneval y en tercer lugar, el Instituto mexicano de la juventud que publica diagnósticos territoriales sobre la situación de los derechos de los adolescentes y jóvenes en cada estado de la República.
La efectividad de los programas de transferencias directas para los jóvenes en México seguirá siendo un continuo debate entre analistas, autoridades y organismos de evaluación, por lo que existen diferentes perspectivas sobre sus resultados en el desarrollo a largo plazo. Siempre habrá quienes defiendan y evalúen positivamente la implementación de estos apoyos incluyendo dependencias oficiales y analistas de políticas social, pero se generan algunos beneficios:
1. Los organismos oficiales indican que hay una reducción en la deserción escolar, en efecto, parece que las becas educativas actúan como un incentivo económico inmediato que ayuda a las familias de menores ingresos a cubrir gastos de transporte, materiales y alimentación, permitiéndole a los jóvenes mantenerse dentro de un sistema educativo formal.
2. En el caso de programas de capacitación, se argumenta que permiten a los jóvenes sin experiencia, previa, vincularse, directamente con centros de trabajo, adquiriendo habilidades prácticas y un historial laboral.
3. Las transferencias directas incrementan el ingreso disponible en los hogares más vulnerables y esto impacta positivamente en los indicadores de pobreza.
4. Falta estabilidad en el desarrollo de capacidades, sectores críticos, argumentan que entregar dinero en efectivo, no sustituye la necesidad de mejorar la calidad de los servicios públicos, si las escuelas públicas y las clínicas de salud no mejoran infraestructura y el nivel educativo, las transferencias de dinero no resuelven la carencia de fondo.
5. Hay diferentes análisis de mercado laboral que muestran que los programas de capacitación ofrecen un apoyo temporal, pero no garantizan la creación de empleos formales a largo plazo y muchos jóvenes regresan a la informalidad una vez que concluye el subsidio del gobierno debido a la falta de dinamismo de la economía del país.
6. También se advierte que el gasto en transferencias directas compromete recursos presupuestarios sustanciales, que de otro modo podrían invertirse en bienes públicos, duraderos como infraestructura, ciencia o tecnología y con frecuencia señalan la falta de reglas de operación estrictas para medir el impacto real de cada peso.
Una vez analizados los indicadores cuantitativos y cualitativos de los programas insignia del gobierno, habiendo recuperado evaluaciones oficiales y estudios de centros de investigación, resulta que el programa de jóvenes construyendo el futuro tiene una meta declarada del programa que consiste en lograr la inserción laboral y el desarrollo de habilidades de la población de 18 a 29 años, y, sin embargo, los indicadores reales de evaluación muestran una brecha entre la capacitación y el empleo formal duradero. Sólo el 45.9% de los participantes logra acceder a un empleo formal y mantenerlo por más de seis meses tras concluir su año de capacitación. El resto suele retornar al subempleo, a la informalidad o a la inactividad.
La tasa de permanencia anual está evaluada a partir de los reportes del sistema de monitoreo de indicadores de desarrollo social del Coneval, y ha registrado una tasa de permanencia anual de los beneficiarios en sus capacitaciones que oscila entre el 27% y el 30%, esto quiere decir que una parte considerable abandona el centro de trabajo antes de concluir un ciclo completo.
En el lado cualitativo, las encuestas de evaluación muestran que un 73% de los participantes reportan mejoras en su calidad de vida y un 69.4 percibe una expansión en sus redes profesionales, es decir, da la impresión de qué el programa funciona bien para generar experiencias iniciales y algunos contactos, pero sus limitaciones estructurales se encuentran en la economía que no genera puestos de trabajo formales de manera automática.
También en el sector educativo, el Coneval evalúa los programas no por el dinero entregado, sino por sus indicadores de retención y de equidad y se señala que en los hogares vulnerables que cuentan con un beneficiario de nivel superior, el subsidio llega a aportar una parte sustantiva del ingreso mensual por integrante familiar, posicionándolo como uno de los esquemas sociales, con mayor impacto redistributivo inmediato a nivel doméstico, también las evaluaciones de procesos del Coneval indican que las becas han sido eficaces para mitigar la deserción escolar por motivos estrictamente económicos. No obstante, los informes advierten que el indicador de retención escolar se estanca si no está acompañado de evaluaciones al entorno educativo, por lo tanto, las zonas rurales continúan presentando deficiencias severas en la infraestructura escolar, en la conectividad digital, y por lo tanto, hay un lamentable límite en el aprovechamiento académico a largo plazo.
Nadie podrá tener duda que el dinero en efectivo mitiga la urgencia de ingreso inmediato, pero no soluciona por sí mismo. Los problemas de raíz del desarrollo juvenil. La falta de inversión en las empresas para crear empleos, mejor remunerados, la persistencia de un mercado informal, masivo y las deficiencias de calidad en el sistema educativo nacional.
En todas las instituciones gubernamentales se tiene conciencia clara de este planteamiento y las propuestas de ajustes estructurales que se formulan desde centros de investigación, la auditoría superior de la Federación y el propio Coneval buscan precisamente que estos programas evolucionen de un modelo asistencialista a uno de desarrollo de capital humano, pero en el gobierno mexicano no tienen interés en asumir la problemática desde la perspectiva del desarrollo de capital humano, es verdad que el dinero es un incentivo que debe ser condicionado a resultados comprobables, se requiere:
1. Certificación externa obligatoria. Al concluir la capacitación, los jóvenes deben realizar pruebas estandarizadas ante organismos oficiales para certificar las competencias técnicas adquiridas.
2. Retención condicionada a la productividad, es decir, vincular la continuidad de la transferencia al cumplimiento de metas de aprendizaje, evitando que en los centros de trabajo se use a los jóvenes como mano de obra operativa gratuita, sin haberles, enseñado un oficio.
3. Es indispensable que una vez que los jóvenes concluyen sus procesos y para evitar que regresen a la informalidad al terminarse el subsidio público, cambiar las reglas de operación. Por ejemplo, esquemas de cofinanciamiento donde el gobierno puede pagar el 100% en los primeros seis meses, pero que los siguientes seis la empresa asuma un porcentaje del salario y si el joven cumple con los estándares de productividad, pueda permanecer en la empresa.
4. También ayudaría que se otorguen deducciones de impuestos a los negocios que contraten formalmente a los egresados de los programas por un periodo mínimo de un año. Esto traslada el gasto público hacia una inversión en empleo formal permanente.
5. Se requiere un rediseño con criterios geográficos y de focalización crítica, es decir, en zonas de alta marginación.
6. Cierre de brecha digital, por qué es evidente que la falta de herramientas limite el aprendizaje de los jóvenes y hasta hoy, lamentablemente, no hay criterios homologados para darle prioridad a la conectividad y la infraestructura en zonas prioritarias del país.
Hay una cantidad importante de organismos civiles y evaluadores que permanecen en la exigencia de qué las dependencias gubernamentales adopten de forma obligatoria indicadores de impacto a largo plazo. Hasta hoy y lamentablemente con el actual gobierno federal, no solamente no hay evaluadores, el gobierno ha destruido los sistemas de evaluación en el país, desde la educación básica, hasta el desempeño de las empresas. Por esta razón parece soñador, imaginarse ajustes estructurales derivados de indicadores de impacto.
Los diagnósticos de las políticas de oportunidades muestran que las políticas públicas actuales son eficientes para subsidiar el autoempleo de subsistencia y la informalidad regulada, pero han dejado un vacío estructural para el joven que invirtió años en educación técnica o universitaria, si no existen fondos de capital semilla para proyectos tecnológicos, ni incentivos para que las empresas contraten, profesionistas recién egresados. El talento de las nuevas generaciones siempre estará en el riesgo de subemplearse.
Estamos ante un escenario que la economía y la sociología podrían llamarle, expectativas frustradas y que desde la perspectiva de la salud pública tiene una correlación directa con el bienestar emocional y mental de los jóvenes, pero hay una falta de confianza en las instituciones y la percepción de qué las opciones que ofrece el Estado, no garantizan una movilidad social real y operan como un factor de estrés estructural crónico, el cual puede derivar en escenarios, depresivos, ansiedad o apatía. A este fenómeno. Suele conocerse como “Burnout” o desesperanza aprendida.
Durante generaciones, la narrativa social y familiar ha sido que a mayor nivel de estudios mejores oportunidades de vida. Cuando un joven cumple con su parte del trato social, desgraciadamente, se topa con programas gubernamentales, que sólo ofrecen apoyos temporales, de subsistencia o instituciones que no vinculan de forma efectiva con empleos dignos o un mercado laboral, donde los salarios de los profesionistas están estancados.
El joven puede estar entrando en un estado psicológico, donde siente que no importa cuánto se esfuerce, el resultado no va a cambiar, esta falta de control sobre el propio futuro es una de las causas cognitivas más documentadas de los cuadros depresivos en adultos jóvenes.
Cuando las instituciones gubernamentales carecen de reglas claras, transparencia o un compromiso real de largo plazo, generan desconfianza y para un joven esto se puede traducir en una sensación de estar desprotegido por el Estado en diversos diagnósticos de salud mental.
En México existe el sentimiento de una incertidumbre frente al futuro, no saber si se conseguirá empleo, si se podrá pagar una renta, o si el programa social desaparecerá… es uno de los principales detonantes de los trastornos de ansiedad generalizada.
En contraste, el empleo formal y el emprendimiento exitoso, generan un sentido de identidad, utilidad social, pertenencia y logro personal.
De acuerdo con el Instituto nacional de psiquiatría y los reportes de la propia Secretaría de salud, los problemas de depresión y ansiedad. En el grupo de 15 a 29 años, ha mostrado incrementos sostenidos en la última década, aunque las causas de la depresión son multifactoriales, los expertos coinciden en que los factores socioeconómicos, como la incertidumbre laboral, la falta de oportunidades de desarrollo y el quiebre de la confianza en el entorno institucional actúan como catalizadores ambientales, muy potentes, para activar padecimientos como los que aquí se han mencionado.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.