Atenta Plan B, aprobado por Morena, contra la democracia
*La reforma constitucional no pasó en la Cámara de Diputados, pero sí las reformas secundarias, aunque se saltaron el procedimiento legislativo
POR AGP
Al no aprobarse, en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional, en materia electoral, propuesta por el Ejecutivo Federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya lo había anunciado, recurrió a su Plan B, para reformar las leyes secundarias que, además de afectar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representa un atentado contra la democracia de este país. Tales reformas, aprobadas vía fast track -saltándose el procedimiento legislativo- por la mayoría de Morena y sus aliados, serán impugnadas por la oposición ante Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependiendo de los temas de que se trate, una vez que conozcan a fondo la reforma.
Santiago Creel Miranda.
Los diputados del PAN, a excepción de Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara, y una vicepresidenta, abandonaron el salón del pleno, en protesta por el atropello al proceso legislativo, y votaron vía electrónica desde sus oficinas particulares. Lo mismo hicieron diputados del PRD.
“Con 267 votos a favor, 215 en contra y cero abstenciones, el pleno aprobó en lo general y en lo particular una de las iniciativas del Plan B de AMLO, que contempla reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia electoral. El proyecto pasará al Senado de la República para su revisión y discusión.
Diputados de Morena.
En una votación posterior, con 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones se aprobaron las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
Con ello, el Presidente pretende sabotear las elecciones del 2024, dejando inoperante al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral. “Es un capricho o un plan para debilitar las instituciones electorales”. Es el “Plan V” de la venganza, expresaron los diputados de oposición.
Diputados del PAN.
Entre las propuestas de reforma que pudieron conocer, se dice que plantea: Revisar salarios para adecuar las remuneraciones a los topes establecidos en el artículo 127 constitucional”: una vez que las reformas entren en vigor, el órgano electoral tendrá que realizar “un nuevo cálculo y revisión integral” de los salarios de sus trabajadores, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desaparecen los fondos para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE y del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral.
Diputados del PRD.
Se establece la prohibición a partidos políticos, precandidatos y candidatos de utilizar expresiones “que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género”. El Consejo General del INE y la Comisión Jurídica y de lo Contencioso Electoral podrán ordenar la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma.
La reorganización del INE deberá quedar lista el uno de agosto de 2023 y las liquidaciones, en casos de despido de trabajadores, se pagarán con los fondos de los fideicomisos, que desaparecen.
Los cambios propuestas en esta reforma no aplican para las elecciones de 2023 de Coahuila y Estado de México.
Diputados del PRI.
Mientras las reformas aprobadas este miércoles 7 de diciembre, en la madrugada, se envía al senado para su discusión y aprobación, la oposición analiza los recursos a seguir para impugnar su aprobación, de acuerdo a las violaciones en que se incurrieron; aunque el consenso general, en primera instancia, es la violación al debido proceso legislativo, que comúnmente denominaron “desaseo legislativo”; sin embargo hay temas que pudieran estar trastocando la Constitución, por los cuales se procedería con una controversia constitucional.
