By *Exponen a Chaurand riesgos de narrativa política
*Reconocimiento implícito de injerencia del crimen
*Actualizar protocolos sobre denuncia de extorsión
*Abre OCIC diálogo sobre participación ciudadana
POR AGP
PREOCUPA A IP POLÍTICA DE CONFRONTACIÓN
En la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Celaya, que preside Jorge Luis Gámez Campos, con el diputado local Antonio Chaurand Sorzano se cuestionó -en buenos términos- el tema de la narrativa de confrontación y de polarización social, que ha utilizado Morena y el gobierno federal para contrarrestar sus ineficiencias, incumplimientos y bajos resultados seguridad, salud, educación y economía, por citar algunos; situación que ha exacerbado la convivencia entre los mexicanos. Los partidos políticos de oposición, que se dicen víctimas del chantaje y la represión, no están al margen de la violencia política. También le atizan el fuego a la hoguera.
La línea de comunicación política que han adoptado no ayuda ni al gobierno, ni a los partidos, ni a la sociedad; tampoco soluciona los problemas que enfrenta el país, pero sí genera mayor desconfianza en las instituciones, por parte de los ciudadanos, en general, y de los inversionistas en particular, nacionales y extranjeros, cuando lo que se necesita es confianza y seguridad para reactivar la economía, que atraviesa por un período de estancamiento prolongado, con insuficiente generación de empleos. Como resultado de ello, también la recaudación fiscal va en picada, limitando los márgenes de operación del gobierno federal, entidades federativas y administraciones municipales, de acuerdo a los últimos resultados del análisis de cuenta pública, de los datos estadísticos y encuestas del INEGI.
Sobre la preocupación expuesta por los empresarios celayenses, seguramente poco o nada podrá hacer el diputado Antonio Chaurand, por ser un tema nacional y de compleja motivación política; pero los empresarios -como muchos otros organismos sociales- tienen razón. No es una apreciación sentimental, ni de filias y fobias partidistas. La última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este fin de semana, revelan el bajo nivel de confianza de la sociedad mexicana en los partidos políticos y en las instituciones públicas, contrario a ello, los altos niveles de corrupción: de la población de 18 años y más, apenas un 23.9% dijo tener cierta confianza en los partidos políticos; un 29.7% en las cámaras de diputados y senadores; un 34.1% en los ministerios públicos y fiscalías.
Pero no es sólo la línea discursiva la que ha afectado la credibilidad y la confianza en las instituciones, también son las reformas aprobadas en los últimos años, que rompieron los sistemas de comtrapesos, las que cerraron las posibilidades a la inversión en algunos sectores; pero, sobre todo, la reforma al poder judicial, que rompió por completo con el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de forma grotesca y alevosa, razón principal por la que se frenó la relocalización de las empresas, que buscaban establecerse en el país.
Frente al proceso electoral de 2027, la crisis de credibilidad en las instituciones públicas, incluyendo los partidos políticos, que también tienen financiamiento público, es grave y preocupante para quienes creen, confían y quieren que la elección de las autoridades se definan en procesos democráticas, libres y transparentes, no en medio de disputas por intereses particulares, únicamente partidistas y de alianzas con el crimen organizado, haciendo a un lado el interés general de la sociedad y el bienestar de las familias; la paz y la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo económico, para que haya empleos y también mayor recaudación, una de las necesidades más apremiantes del gobierno federal para evitar seguir incrementando la deuda pública, que ronda el 54% del producto interno bruto (PIB).
En contraste a la pérdida de confianza de la sociedad, la encuesta revela que, entre noviembre y diciembre de 2025, el 84.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en los diferentes niveles de gobierno. El 15.6% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad, por trámites, pagos o solicitud de servicios, experimentó actos de corrupción. Los estados con mayor número de víctimas de corrupción, fueron: Hidalgo, con 21,492 por cada 100 mil habitantes; Oaxaca, con 20,330; Sinaloa, con 19,836, y Chihuahua con 18,420 por cada 100 mil habitantes; las entidades que aparecen con menor número de víctimas en este período, son: Colima, con 6,992; Nayarit, con 8,915; Zacatecas, con 9,366, y Querétaro, con 9,484 por cada 100 mil habitantes; Guanajuato se ubicó 11,646 víctimas por cada 100 mil habitantes, en el bloque de los de menor escala.
REFORMA SOBRE VIGILANCIA ELECTORAL
El tema de la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, de alguna forma se reconoce por las autoridades federales, al menos, el riesgo -no la presunta alianza de Morena con los narcos, como insisten partidos políticos de oposición frente a los hechos más recientes en Sinaloa, por una solicitud de extradición de Estados Unidos en contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve implicado más-, de ahí la iniciativa de ley, que anunció la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, enviaría en los próximos días a la Cámara de Diputados, para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el fin de crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad de los aspirantes a candidaturas, para las elecciones estatales y municipales de 2027 y, a la vez, actualizar diversos mecanismos de vigilancia institucional.
Para no quedarse atrás, o por acuerdo concomitante con el Ejecutivo Federal, el coordinador de la Bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó otra iniciativa, para agregar como causal de nulidad de una elección, la intervención extranjera en las elecciones; aunque recientemente hicieron a un lado como causal del mismo proceso, la intervención del crimen organizado, propuesta por la oposición, que también implicaba la pérdida del registro del partido que incurriera en estos actos. No hay claridad ni equidad en las medidas que se pretende aplicar, o sólo buscan simular, buscando obtener la mejor tajada electoral.
Esto habla de que el andamiaje jurídico para el proceso electoral de 2027, aún no está definido y se va moviendo de acuerdo a los intereses del partido en el gobierno, a fin de garantizar el triunfo electoral, principalmente la mayoría en la Cámara de Diputados. Si no se gana una elección en algún distrito, en la mesa puede lograr, al menos, la reposición del proceso en un territorio específico.
Las iniciativas serán analizadas, dictaminadas y llevadas al pleno de la cámara en un período extraordinario abreviado -rápido-. Deben estar aprobadas en los primeros días de junio, calculan.
REVISARÁN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
El tema de la seguridad preocupa al sector empresarial, principalmente el delito de extorsión, que no se ve reflejado en las estadísticas que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESPG) en la sesión mensual del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), como fue el caso de su última sesión, la semana pasada, donde se contrastó la estadística con el conocimiento que se tiene de la realidad, a través de otros medios. Al final, coincidieron en que la estadística sólo registra los casos denunciados formalmente, pero hay otros que ni siquiera se reportan a través de la denuncia anónima, mientras el delito va en aumento.
Como resultado de la observación, que generó discusión en el seno del Consejo, se acordó una reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Celaya, que preside Jorge Luis Gámez Campos, con el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Adrián Mata Osio, con el propósito de revisar los protocolos y el seguimiento de las denuncias presentadas para salvaguardar el anonimato y la seguridad de las víctimas. La reunión está programada para el próximo jueves 28 de mayo.
CONVERSATORIO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Observatorio Ciudadano Integral de Celaya (OCIC), que preside Luis Fernando Nieto Herrera, organiza un Conversatorio sobre participación ciudadana: “La voz ciudadana, ¿debe ser consultiva o decisiva?”, el cual se realizará a través de una dinámica de comunicación abierta, conocida como fishbowl. Este evento tendrá lugar el próximo 27 de mayo, de las 16.45 a las 20:00 horas, en la Casa Club Rotaria.
Aunque la organización de este evento surgió a raíz del debate surgido por la propuesta del presidente municipal de restringir o desaparecer los consejos directivos de algunas dependencias descentralizadas o paramunicipales, el diálogo se va a centrar en una visión general de la participación ciudadana, en el ámbito de la administración pública y sobre nuevas propuestas de participación social, para que no sea para cumplir con un requisito legal o para validar decisiones de la autoridad, sino que realmente presenten y aprueben propuesta sobre acciones, programas y políticas públicas.
Pretenden que, a través del diálogo, la reflexión y con sustento legal, sobre los derechos ciudadanos y derechos humanos, se pueda avanzar hacia una participación más decisiva y no sólo simbólica.
El Observatorio Ciudadano Integral de Celaya tiene asegurada la participación de representantes ciudadanos del Consejo Coordinador Empresarial, del Club Rotario de Celaya, de la Asociación Juvenil Impacto, Círculo de Empresarios, Canacintra, Canirac, AMPI, Asezi, Colegio de Ingenieros Civiles, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Amexme, Dice, CECC, AECI, AMASFAC, Asociación del Empresariado Celayense, Colegio de Arquitectos y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre otros que se han ido sumando, como representantes de instituciones académicas.