By *Firman cuatro guanajuatenses
*Reforma a la Ley de Notariado
*Garantizan relevo generacional
DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE ERNESTO RUFFO APPEL
El Estado Mexicano viola los derechos humanos y las garantías individuales -presunción de inocencia, respeto al debido proceso, acceso a una defensa adecuada y garantía de jueces imparciales- del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por el presunto delito de Guachicol Fiscal, cuya detención, que se presume irregular, sin pruebas suficientes y falta de valoración de los elementos de descargo presentados por Ernesto Ruffo Appel, así como por el desconocimiento de los propios coacusados y una audiencia cerrada y opaca, son medidas desproporcionadas que atentan contra los derechos fundamentales. Frente a tales circunstancias, se exige un proceso transparente y una revisión estrictamente jurídica del caso: “porque cuando se vulneran por el Estado las garantías de un ciudadano se debilitan las garantías de todos y se debilita la democracia”.
La preocupación de miles de ciudadanos sobre el caso (por no decir millones), la exponen a la ciudadanía, 14 exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos, cuatro de Guanajuato: Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Márquez Márquez y Vicente Fox Quesada, como expresidente de México, en una carta abierta dirigida a la opinión pública, publicada en el perfil de Juan Carlos Romero Hicks, que denominan: “Posicionamiento en defensa del Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y la dignidad de Ernesto Ruffo Appel”, en la que cuestionan la actuación del Estado porque, después de años de denuncias sobre redes y estructuras de gran escala sobre el contrabando de combustible, la actuación del Estado termina concentrándose en Ernesto Ruffo Appel, mientras permanecen sin esclarecer plenamente quienes hicieron posible el crecimiento de estas operaciones.
Como antecedentes citan, que las denuncias sobre las redes de contrabando de combustibles vienen desde noviembre de 2019, después de un decomiso de 500 mil litros de combustible en Reynosa. Durante el año 2021, diversos trabajos periodísticos documentan el crecimiento de esquemas de importación ilegal de combustible, evasión de impuestos y redes empresariales, presuntamente protegidas por intereses políticos. Ese mismo año asesinaron a Sergio Carmona Angulo, identificado como operador del contrabando de combustible y presunto financista político. Además de la denuncia de Xóchitl Gálvez en la campaña electoral de 2024, sobre el contrabando de combustible y fraude fiscal, que exigió se exclareciera.
Firman el documento sobre el posicionamiento: 
En el fondo de la publicación hay una justificada preocupación por la aplicación selectiva de la ley por el Estado y la sobre la protección para otros grupos, como se evidencia hasta ahora, así como por el riesgo de que estas medidas se conviertan en una persecución política más generalizada contra los opositores, como ha sucedido en países con gobiernos de ideologías similares.
Visto desde el ángulo político, el documento cuidó las formas y se centró, desde el encabezado, en la defensa del Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y la dignidad de Ernesto Ruffo Appel, con el propósito de hacer valer el respeto a sus derechos fundamentales, sin entrar en detalles de personajes implicados directamente en el caso.
En los antecedentes, por ejemplo, dejan de lado señalamientos directos a miembros del gobierno y dirigentes de Morena involucrados, de acuerdo a la denuncia del Contralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien también resultó asesinado por denunciar ante sus superiores la red de contrabando de combustible, de acuerdo a la amplia difusión que se le ha dado a estos hechos.
AL RITMO DE LA EVOLUCIÓN JURÍDICA Y TECNOLÓGICO
En el marco de la entrega de siete Fiats a nuevos notarios, para garantizar la continuidad de este servicio público, esencial para la vida jurídica de Guanajuato, y asegurar el relevo generacional, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo firmó una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, con el propósito mejorar la función notarial. “Se trata de una reforma necesaria, oportuna y urgente, para responder a los retos actuales y para asegurar que la función notarial continúe evolucionando al ritmo de las transformaciones sociales, jurídicas y tecnológicas que vivimos”, precisa la titular del Ejecutivo de Guanajuato.
En esta iniciativa, se contemplan cambios relevantes, como: la digitalización del archivo y la incorporación del archivo electrónico entre los instrumentos notariales, permitiendo procesos más eficientes, accesibles y acordes con las necesidades actuales y al espíritu modernizador del gobierno estatal, elevando los estándares de profesionalismo y ética para quienes aspiran a ejercer esta responsabilidad, al incorporar nuevos requisitos de especialización y fortalecer los criterios de probidad y responsabilidad, como lo demanda la ciudadanía. Igualmente, armoniza la legislación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En general, la propuesta sienta las bases para una función notarial más moderna, más eficiente y mejor preparada para el futuro; al mismo tiempo, responde a una convicción muy clara del gobierno del estado: promover instituciones confiables, transparentes y cercanas a las personas.
HABRÁ NUEVA CONVOCATORIA PARA 25 NOTARÍAS
En la ceremonia de entrega de Fiats, también se celebró la importancia del relevo generacional para garantizar la continuidad de la función notarial. Por su parte, los nuevos notarios, al rendir protesta frente a la jefa del Ejecutivo, asumieron la responsabilidad de custodiar la fe pública, de actuar con imparcialidad, honestidad y sensibilidad. A quienes cumplieron con su etapa de servicio, les reconocieron su compromiso, profesionalismo y amor a esta responsabilidad pública, que dio certeza jurídica a generaciones enteras.
En su contexto de legitimidad legal, la entrega de Fiats es un acontecimiento que fortalece la gobernabilidad, el estado de derecho, la legalidad y la paz social de la entidad y recuerda la importancia de la función notarial en muchos de los ámbitos de la vida diaria, como: la protección del patrimonio, la realización del testamento o la constitución de asociaciones, entre otras acciones que son vitales para la confianza y la convivencia social.
En este marco, la gobernadora anunció que se van a concursar 25 notarías públicas más en diversos municipios del estado. “Lo haremos con apego a la ley, con procesos claros y transparentes, y con el firme propósito de seguir ampliando la cobertura de este servicio esencial, para garantizar la igualdad de acceso a los servicios notariales de los guanajuatenses”.
Los nuevos notarios, quienes asumen la titularidad de las notarías 19, 32, 82, 91, 100 y 107, con sede en León, y la 2 de San Felipe, comienzan una nueva etapa en la que deberán demostrar, todos los días, que la confianza depositada en ellos está plenamente justificada.
Guanajuato cuenta con 233 notarías en funcionamiento, pero existen 11 municipios que no tienen físicamente una notaría establecida. El compromiso es acercar los servicios notariales a más personas y garantizar condiciones más equitativas de acceso en todo el territorio estatal. En esta administración, se han emitido dos convocatorias y se han entregado 12 Fiats notariales a las nuevas generaciones de profesionales del Derecho, garantizando la preparación profesional, procesos abiertos, transparentes y basados en el mérito.
Dieron fe de estos estos actos, el secretario de Gobierno del Estado, Jorge Daniel Jiménez Lona; la presidenta del Congreso del Estado, diputada Susana Bermúdez Cano; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrada Alma Delia Camacho Patlán, y la presidenta del Colegio de Notarios del Estado, Guadalupe del Pilar Fuentes Cortez, como autoridades y representantes destacados entre todos los asistentes.