By *Garantizar transparencia y rendición de cuentas
*Dan herramientas a Comités de Contraloría Social
*Impulso a la legalidad desde el gobierno del Estado
FORTALECE SAMA CONTRALORÍA SOCIAL
La gestión del agua, como derecho humano, debe realizarse con claridad institucional y corresponsabilidad ciudadana, a través de la Contraloría Social y los comités de contraloría social, disponiendo de herramientas concretas para fortalecer la participación de la gente y para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de las obras de agua, alcantarillado y saneamiento, así como vigilar que cada obra cumpla con las metas y estándares de calidad.
La participación de los beneficiarios y de la sociedad civil organizada en los comités de contraloría social, es uno de los mecanismos de la Contraloría Social para vigilar, supervisar y evaluar las obras, servicios y aplicación de los recursos públicos, previniendo irregularidades en el desarrollo de los programas y en la entrega de los apoyos, para que ésta sea honesta y transparente, sin fines políticos electorales, de acuerdo a las normativas de la Contraloría Social, de los gobiernos, tanto federal como estatal y, como consecuencia de ello, lo gobiernos locales, como un derecho democrático fundamental. A esta vigilancia se suman los observatorios ciudadanos y la ciudadanía en general.
En este contexto, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente llevó a cabo el Foro Estatal Agua y Contraloría Social 2026 “Tan claro como el agua”, con la participación de 70 personas de todos los municipios de Guanajuato, con el propósito de fortalecer las capacidades de enlaces municipales y funcionarios públicos, en materia de contraloría social, como motor de la transparencia y la rendición de cuentas,
En este foro hubo conferencias y talleres prácticos sobre la integración y operación de los comités de contraloría social, aspectos que deben vigilar los ciudadanos durante la ejecución de una obra, el uso del Sistema de Contraloría Social y la atención a quejas y denuncias; además les dieron herramientas concretas para fortalecer la participación de la gente y garantizar que cada obra cumpla con las metas y estándares de calidad.
Las conferencias fueron impartidas por funcionarios de la Secretaría de la Honestidad y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente: la primera versó sobre la función de la contraloría social, como motor de la transparencia y la rendición de cuentas; mientras en la segunda se enfocó en la importancia de la participación de la gente en la supervisión de obras hidráulicas, subrayando que el agua es un derecho humano fundamental y que su gestión debe realizarse con claridad institucional y corresponsabilidad.
En los talleres se analizaron situaciones prácticas sobre la integración y operación de comités de contraloría social, los aspectos que deben vigilar los ciudadanos durante la ejecución de una obra, el uso del Sistema de Contraloría Social y la atención de quejas y denuncias, entre otros temas.
El Secretario del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona, al concluir con el compromiso de fortalecer el modelo de gestión pública cercano a la gente, dio relevancia a la labor de los enlaces municipales, como primera línea de contacto con la gente, permitiendo vigilar, evaluar y exigir cuentas claras, así como a la necesidad de fortalecer a quienes trabajan en los municipios y en las dependencias, con más conocimientos, experiencias y herramientas.
RETOS ACTUALES DE LA PROFESIÓN JURÍDICA
Fortalecer la confianza ciudadana en el gobierno y en sus instituciones demanda mayor impulso a la cultura de la legalidad, recuperar el Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y el reconocimiento a quienes dedican su vida a la actividad jurídica con ética y profesionalismo.
Así se planteó en el panel: “Día de la Abogacía: La vocación de defender, el compromiso con la Gente”, que organiza por segundo año consecutivo la Consejería Jurídica del Ejecutivo, en el marco del Día de la Abogacía -12 de julio-, que reunió a integrantes de los tres poderes del gobierno, a especialistas, académicos, estudiantes y a representantes de instituciones vinculadas con la impartición y procuración de justicia.
La gobernadora, quien presidió este evento, exaltó “a quienes defienden derechos, a quienes construyen acuerdos, a quienes resuelven conflictos fortaleciendo instituciones y a quienes permiten que la justicia deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad para las personas”.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo desempeña un papel estratégico en el Gobierno del Estado, al brindar asesoría, consulta, representación, coordinación y seguimiento en materia jurídica, además de revisar y conducir los instrumentos legales que respaldan las decisiones del Poder Ejecutivo.
En esta dependencia se trabaja, para que la ley sea siempre un instrumento al servicio de las personas, con diálogo, responsabilidad y compromiso con la construcción de un estado más justo, más seguro y con más oportunidades, dijo Alejandro Sierra Lugo, titular de Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, hubo un reconocimiento institucional a los servidores públicos y profesionales del Derecho que, desde distintos ámbitos, contribuyen a la legalidad y al buen funcionamiento de las instituciones.
En el panel, moderado por el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, se escucharon distintas visiones sobre la evolución del Derecho y los desafíos que enfrenta la justicia en la actualidad, con la participación de destacadas personalidades del ámbito jurídico nacional e internacional, entre ellas ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialistas en derechos humanos y autoridades estatales.
Se dijo que la pluralidad de voces fortalece el intercambio de ideas y refrenda la importancia de mantener un sistema jurídico sólido, cercano a las personas y capaz de responder a las nuevas realidades sociales.
Estuvieron presentes: Susana Bermúdez Cano, presidenta del Congreso del Estado; la Magistrada Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; Giovanni Figueroa Mejía, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ernesto Rey Cantor, juez en retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre otros de los presentes figuraron: Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado; y la magistrada, Raquel Barajas Monjaraz, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y Daniel Federico Chowell Arenas, secretario del Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato.