//Opinión:// ELECCIÓN DE ESTADO
Por Juan Miguel Ramírez Sánchez
La elección de Estado (proceso de abuso de poder que involucra de manera ilegal, inequitativa y antidemocrática el uso de los recursos del estado para campañas) que se ha implementado en Guanajuato y sus municipios ha sobrepasado los límites.
A la entrega de calentadores solares, despensas, cobijas, pintura, laminas para techar, estufas ecológicas, tinacos, recursos económicos por medio de vales y muchas otras más para inducir al voto, se suma la estrategia “Contigo Siempre Mujer”, que el gobernador Diego Sinhue y su candidata a la gubernatura anunciaron con el nombre de “Mujer Es Grandeza”, donde por medio de una tarjeta repartirán apoyo en dinero a más de 38 mil mujeres, de las cuales seguramente serán la estructura electoral de su partido.
La justificación es que es un tema social, pero inmediatamente se ve como este programa social es parte de una elección de Estado, ya que solo se entregaran recursos por 8 meses. Esto no es un programa permanente, es solo para que los grupos políticos del PAN ganen las elecciones de 2024 y se mantengan en el poder. De esta manera, este programa que no estaba contenido en el presupuesto de egresos para el presente año ejercerá 305.9 millones de pesos de forma plenamente discrecional.
El universalismo busca que los programas y proyectos sean concebidos como derechos, diseñados para beneficiar a toda la población, limitando su discrecionalidad e impulsando sistemas unificados de protección social para todas las personas.
Con este nuevo acto de uso indebido de los recursos públicos, el proceso electoral del 2024 se vuelve a manchar, porque el objetivo no es por la disminución de la pobreza, sino el uso “clientelar” y el control de los beneficiarios para ser instrumentados como fuerza electoral.
Por eso, programas como Vales Grandeza tienen las deficiencias que tienen, recordemos que en la revisión de Cuenta Pública 2021 la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato señaló que se incorporó a 799 beneficiarios que eran proveedores del gobierno o directamente funcionarios públicos que llegaban a tener sueldos de hasta $61,000 al mes.
Donde queda la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales que es fundamento de la libertad de elección, que implica garantizar la libertad de acceso a las mismas, impidiendo la intervención del gobierno estatal y de los municipios.
El fraude electoral que está realizando el estado con estas acciones, se vuelve más visible e indignante, porque ahí observamos su despliegue de artimañas para impedir la equidad y la justicia electoral, para garantizar elecciones auténticas, transparentes y seguras.
Le exigimos al gobernador que deje de utilizar la política de desarrollo social y humano para fortalecer las candidaturas de sus candidatos. Que no usen la pobreza, la política social y los recursos públicos para promoverse.
