//RED CIUDADANA 4.0:// LE PONE MORENA CARGA PARTIDISTA EN RECOMENDACIÓN DE LA CNDH

*Propone Exhorto al gobierno de Celaya, fuera de tiempo
*Priorizar inversión en base a jerarquía en movilidad
*Aprueba Permanente la Ley 3 de 3 Contra la Violencia
*Sin acceso a cargos públicos generadores de violencia

LA CNDH PRIVILEGIA: DEFINIR RESPONSABILIDADES

La carga político partidista que ya traía, de fondo, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al gobierno municipal de Celaya, sobre los hechos de Rincón de Tamayo, el grupo parlamentario de Morena se encargó de evidenciarla, al presentar en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo para exhortar al gobierno municipal a aceptar la recomendación, cuando dicha aceptación ya se había hecho pública, por lo menos unas 24 horas horas antes, y dentro del término de ley.
En el marco de estos hechos, hay elementos que someten a un desgaste innecesario a instituciones que han cobrado prestigio a través de los años, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que en estricto cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades debe privilegiar la protección de los derechos humanos, pero sin hacer a un lado otros principios, como la objetividad y la imparcialidad.
Se debe entender que para salvar la objetividad e imparcialidad, la recomendación propone la colaboración del municipio en el seguimiento e investigación, a cargo de la Fiscalía del Estado y de la Contraloría municipal, para definir las responsabilidades:
“De igual manera colaborará y dará seguimiento en la Fiscalía General del Estado y la Contraloría Municipal, a las investigaciones que ambas instancias inicien para definir responsabilidades por parte de las autoridades que participaron en los hechos que dieron origen a la recomendación”. (Las investigaciones ya van avanzadas).

Por otro lado, el frivolizar en el uso de recursos e instrumentos de intervención de los diputados en la administración pública, como es el Exhorto, por motivos partidistas y sin materia, lo convierte en innecesario y les resta efectividad.
Sobre los hechos que narra, conviene esperar que las instancias encargadas de la investigación deslinden responsabilidades antes de atribuir culpabilidad a cualquiera de las partes, sobre hechos reprobables, porque la expuesto por David Martínez Mendizábal no párece responder a la realidad. Que sean las autioridades quienes den cuenta de los hechos tmando en cuenta los dos puntos de vista.
Por lo demás, hace bien a todos participar en sesiones de capacitación que refuercen las habilidades para las funciones que realizan: en derechos humanos, es esencial.

RETOMA PROPUESTA DE REFORMA CRITERIOS OLVIDADOS

Desiree Ángel Rocha.

La propuesta de reformas a la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, propuestas por la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), que ostenta Desiree Ángel Rocha, pretende integrar tres capítulos o apartados específicos nuevos, sobre: 1) instrumentos financieros, fiscales y de inversión, 2) planeación, información, evaluación y seguimiento y 3) la participación ciudadana.
El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta y efectividad de la autoridad en la materia, para la buena gobernanza urbana, aplicada a la movilidad y seguridad vial, así como poner al ciudadano en el centro de la movilidad y, en base a ello, jerarquizar las inversiones en la materia.
El tema lo destacó Xóchitl Gálvez en un foro de empresarios jaliscienses, días antes de inscribirse como aspirante a encabezar la construcción del Frente Amplio por México (FAM), lo cual no significa que sea exclusivo, sino, más bien, se cita como la más reciente alusión a un tema olvidado, que ya se encuentra también en la actual Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, la que pone al ciudadano en la cima de la jerarquía de la movilidad, a la cual le dieron amplia difusión al principio, luego la olvidaron. El problema está en que ninguno de los gobiernos, ni el federal, ni el estatal, ni los municipales, se atreve a cambiar el paradigma, de haberle cedido, al vehículo de motor, la prioridad en la calle.
Ángel Rocha expuso que poner a la ciudadanía en el centro y crear un nuevo paradigma, que significa: “romper el molde y priorizar las inversiones conforme a la jerarquía de la movilidad”.

Para hacerlo, se requieren más recursos y políticas públicas que las sustenten; mayor participación ciudadana directa en la planeación, ejecución y vigilancia de la política estatal de movilidad y seguridad vial, así como que la misma legislación sea coincidente y articulada con los sistemas de planeación y de seguimiento; que cuente, además, con un repertorio de instrumentos y mecanismos para el diagnóstico, información, evaluación y auditoría de las políticas públicas de movilidad y seguridad vial.
La propuesta, que se envió a la Comisión Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio, incluye: la creación del Fondo de Movilidad Sustentable y Segura, dentro del programa presupuestal, para aumentar el financiamiento de pruebas y operaciones en materia de factores de riesgo, como las de alcoholimetría, para salvaguardar a la población y su derecho a una movilidad segura.

APRUEBAN LA LEY 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA

Las personas que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos relacionados con diferentes tipos de violencia o por ser declaradas como deudoras alimentarias morosas, no podrán ocupar empleos, cargos públicos o comisiones en el servicio público, ni podrán acceder a cargos de elección popular, de acuerdo a la reforma conocida como la “Ley 3 de 3 Contra la Violencia de Género”.
La “sentencia”, contenida en la minuta proyecto de decreto, con la que se reforma la Constitución Política del Estado, se aprobó por la Diputación Permanente, que preside Katya Soto Escamilla, en la sesión de este jueves 27 de julio de 2023, luego de que la propuesta cumplió con el trámite constitucional, que requiere del 70% de los miembros del Congreso y la aprobación de, al menos, 25 ayuntamientos.

Martha Guadalupe Hernández Camarena.

En apoyo a esta resolución, la diputada Martha Guadalupe Hernández Camarena se congratuló por la aprobación de la reforma y afirmó que con ello “Guanajuato se convierte en un garante en la promoción de la igualdad y la justicia social”.
¿Habrá algún presunto generador de violencia que se atreva a recurrir esta reforma una vez que se publique?