//RED CIUDADANA 4.0:// PARTIDOS POLÍTICOS Y GOBIERNOS DEBEN VOLVER A LA LEGALIDAD

*Plantean desafíos del proceso electoral 2023-2024
*Diputados legislan por interés partidista, no ciudadano
*Reforma electoral pone en riesgo la certeza del proceso

XIV ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCCIÓN CÍVICA

    
Este 25 de Mayo de 2023, en Acapulco Guerrero, inició el XIV Encuentro Nacional de Educación Cívica, arrancando con el el Conversatorio: «Prospectiva y desafíos del proceso electoral 2023-2024», en el que se reconocieron los avances del sistema electoral de México -que envidian otros países-, con 30 años de renovación pacífica de cargos de elección popular, en los que ha habido alternancia; sin embargo, hay retos y desafíos importantes por atender en aspectos que no han avanzado y otros que hay que enfrentar por las circunstancias actuales, destacadamente, el que los partidos políticos y gobiernos vuelvan a la legalidad, dar certidumbre al proceso electoral 2023-2024 con la resolución definitiva de la segunda parte del Plan B, así como erradicar la violencia electoral, incluyendo la violencia digital y la intromisión del crimen organizado en los proceso electorales, y fortalecer la participación ciudadana, invirtiendo más de educación y cultura cívica, para que cada ciudadano sepa distinguir y rechazar con su voto las campañas negras.

Además, en lo relativo a los institutos electorales, hay que frenar la tendencia de los recortes presupuestales, a los que asignan más atribuciones, pero con menos recursos, que van acompañadas de una narrativa de falsa austeridad y de gasto excesivo, pero sí tienen que implementar nuevas formas de participación, como el voto en prisión preventiva, el voto de los mexicanos en el extranjero, el voto anticipado; la fiscalización de los recursos públicos se vuelve más compleja: cada día hay formas más sutiles de ocultar, evadir y de triangular el uso de recursos públicos y privados, el problema es identificar campañas soterradas. La inseguridad también es un problema que afecta la logística de la organización del proceso.

José Martín Faz Mora.

Las reformas no abordan los temas cruciales para garantizar el acceso universal a la justicia pronta y expedita y a la reparación del daño, favoreciendo la impunidad y la resistencia a la rendición de cuentas. El reto es tener reglas claras que tutelen la equidad de la contienda; además el INE tiene acuerdos que responden a diversas tradiciones institucionales o al acatamiento de las resoluciones de los tribunales. La legitimidad de las elecciones, atraviesa no sólo por el respeto de los resultados electorales, sino del conjunto de reglas, a veces muy complicadas, que nos hemos dado.

Luz Fabiola Matildes Gama.

Estamos en una encrucijada de crisis de los partidos políticos; hay baja confianza en ellos y en los actores políticos, en el Poder Legislativo y en las mismas autoridades electorales, además de una percepción de incumplimiento del estado de derecho, que redundan en descontento de población con la inseguridad, la desigualdad, con la corrupción y con la impunidad. En Guerrero, como en otras partes del país, el reto está en ir avanzado en la transparencia y la rendición de cuentas.

Rafael Elizando Gasperín.

Desde el litigio electoral, hay que reconocer que ha habido avances en cuanto a criterios y actuar de las autoridades electorales, institutos y tribunales, pero también hay grandes retos y expectativas por cumplir: el primero es la incertidumbre por la resolución total del Plan B. Los tiempos y procedimientos para el acceso a la justicia son anacrónicos e inoperantes para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos; en las reformas no hay ningún indicio de preocupación por aspectos básicos procesales, tomando en cuenta que la materia electoral no se constriñe al proceso y a sus resultados por medio de la impugnación; se están judicializando todos los actos, antes, durante y después del proceso.

Tampoco hay un intento por actualizar el sistema de pruebas, hay una lista de faltas y delitos y a esas se constriñen y no hay una forma clara de cómo hacer valer las pruebas digitales, cuando muchas de las violaciones se están cometiendo a través de ellas; se sigue sosteniendo lo antiguo, pruebas documentales y testimoniales; ni siquiera se puede tener acceso digital a los expedientes. También se tiene que replantear el sistema electoral de acuerdo a las cargas de trabajo. El desarrollo de tecnologías se tiene que financiar con gasto público, pero también debe haber reciprocidad con los ajusticiables.

Martha Alejandra Tello Mendoza.

Al final se destacaron otros puntos garantizar el principio de neutralidad de las autoridades y de imparcialidad de los gobiernos, incremento de la participación ciudadana; revisar y supervisar el rol que pueden tener los Servidores de la Nación.

Los participantes en el conversatorio, aunque aportaron aspectos particulares, desde el ámbito de su propio, coincidieron y reforzaron muchos de los planteamientos expuestos por unos y otros. Los participantes fueron: Martha Alejandra Tello Mendoza, licenciada en Ciencias Políticas y especialista en Justicia Electoral; José Martín Faz Mora, Consejero Electoral del INE, especialista en defensa de los derecho humanos y secretario técnico de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos; Rafael Elizando Gasperín, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especializado en Problemas Constitucionales de la Gobernabilidad, por la Universidad Carlos III, de Madrid; y Luz Fabiola Matildes Gama, consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Política del Estado de Guerrero. Moderó el conversatorio, la consejera electoral Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Coordinadora nacional de Red Cívica.

APRUEBAN REFORMA ELECTORAL MUY CUESTIONADA

Rompiendo con la buena práctica de consensuar las reformas electorales, la fracción mayoritaria de PAN y miembros del PRI, de la LXV Legislatura de Guanajuato aprobaron una reforma electoral, que resultó muy cuestionada por la oposición, tanto por acelerar los tiempos del proceso, como por no atender todas las observaciones que se plantearon en meses de trabajo de la semana pasada, no por hacer un análisis de fondo de lo que realmente se necesita, con el protesto de modificar el calendario y normar las precampañas y campañas. Todo ello privilegia la agenda política de un solo grupo parlamentario y pone en riesgo la certeza del proceso electoral, expuso en su intervención Gerardo Fernández González, quien concluypo en que el grupo parlamentario mayoritario dio muestra de la falta de capacidad política para consensuar una reforma electoral de vital importancia.

Gerardo Fernández González.

Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, que presentó el dictamen, sostuvo que se regula con mayor amplitud los actos anticipados de campaña y precampaña; se clarifican y amplían los derechos de los representantes; se faculta al Instituto Electoral estatal para realizar los conteos rápidos; se modifican las fechas de inicio del proceso electoral; se establece el registro de candidatos en línea; se precisan aspectos de propaganda electoral y gubernamental; se implementa la vía postal, como forma de emitir el voto de los guanajuatenses en el extranjero; se elimina el escrito de protesta y se facilitan los de incidencias, que se podrán presentar en cualquier tiempo dentro de la jornada electoral; se perfecciona el mecanismo de resultados preliminares; se deroga el recurso de revocación; y se dan mayores facilidades a los candidaturas independientes, por mencionar algunos, entre otros.

POSPONEN LOS TIEMPOS ELECTORALES

Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

Sobre los tiempos del proceso electoral, se precisa que: el Consejo General se instalará dentro del plazo del 25 al 30 de noviembre del año anterior a aquel en que se celebren las elecciones locales ordinarias -cuando las consejeras del IEEG- advirtieron que los tiempos no alcanzan y sugirieron que fuera en la primera quincena-.
El registro de candidaturas para diputados electos por el principio de mayoría relativa será del 30 de marzo al 5 de abril del año de la elección; para los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, del 11 al 17 de abril del año de la elección; para gobernador del estado, del 14 al 21 de febrero del año de la elección; y para ayuntamientos, del 15 al 21 de marzo del año de la elección.