//RED CIUDADANA 4.0:// ASUME LA CPI DEL PRI CONDUCCIÓN DE ELECCIÓN INTERNA

*Instalan Comisión Estatal de Procesos Internos
*Pretenden vigorizar la participación democrática
*Apoyan a 30 municipios en seguridad con el FASP
*Erradicar de raíz toda violencia contra las mujeres

COADYUVARÁ REGISTRO PARTIDARIO EN ELECCIÓN

        
Como está previsto en convocatoria del PRI para la elección de presidente y secretario general de cada uno de los primeros 23 comités municipales de Guanajuato, este jueves se instaló la Comisión Estatal de Procesos Internos (CPI), responsable de organizar, conducir y validar el proceso, mismo que debe sujetarse a las disposiciones estatutarias y reglamentarias específicas para este asunto, de tal suerte que garantice legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, transparencia y máxima publicidad. Aunque, se supone que en este primer bloque, de acuerdo a la clasificación que hicieron, no debería haber mayores problemas en el proceso.
De cualquier manera, la Comisión de Procesos Internos, que preside Carlos Torres Ramírez, junto con Erwin González, como secretario, publicará el Manual de Organización, de observancia obligatoria para todos los órganos del partido, sus sectores y organizaciones, especialmente para los candidatos a las dirigencias municipales.

Para llevar a cabo este proceso de elección, mediante consulta a la base, que implica la instalación de casillas con los responsables de ellas, en cada uno de los 23 comités municipales y donde se inscriban dos o más planillas, la Comisión nombrará representantes en cada localidad, que lo apoyarán en la organización de la elección, además de contar con el auxilio de la Secretaría de Organización del PRI estatal y de la Secretaría de Registro Partidario, con quienes el secretario general, David Mercado Ruiz, ya se reunió para planear su intervención en la organización, sin interferir en el proceso, como lo especifica la convocatoria para todo organismo y sector: “sin hacer pronunciamientos a favor o en contra de alguna fórmula que participe en la contienda”.

Si el PRI, realmente, quiere construir un régimen rigurosamente tutelado por la norma jurídica y vigorizar la participación democrática de sus bases en los procesos internos, así como estimular la carrera partidaria y la lealtad a sus principio y programa de acción, está arriesgando muy poco al promover candidaturas de unidad y al mantener alejado al grupo que se atrevió a disentir de la elección de la dirigencia estatal, contrario al objetivo V, de los diez consignados en la convocatoria priista: “Fortalecer la unidad interna del partido y la cohesión comprometida en reciprocidad entre las bases y las dirigencias”.
Por lo pronto, la Comisión de Procesos Internos, una vez ya instalada, tiene 10 días para organizar la primera actividad de mayor afluencia en su sede del comité estatal, que será el 21 de marzo con el registro de las fórmulas de aspirantes; jornada establecida de las 11:00 a las 13:00 horas, lo que también parece muy limitativo, considerando que en estos casos sí cuentan el tiempo para la validez de los registros.

APOYAN PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados de la República Mexicana (FASP), en el que la federación aporta el 75% de los recursos y el estado el 25%, se entregó equipamiento de seguridad pública a 30 municipios, por un monto superior a los 25.5 millones de pesos: 18 camionetas equipadas como patrullas, con valor unitario de un millón 120 mil pesos, que dan un total de 20 millones 160 mil pesos y 164 chalecos balísticos, con un valor unitario de 26 mil 700 pesos, para un total de 4 millones 378 mil 800 pesos.

El resto del recurso del FASP, de un total 350 millones de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, en Guanajuato se destinó a subprogramas de profesionalización, capacitación y certificación de los elementos policiales e instituciones de seguridad pública; a los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, y al fortalecimiento del sistema penitenciario, entre otros. Se incluyó también a la Fiscalía Estatal en temas de combate a los delitos de alto impacto y a la búsqueda de personas, entre otras acciones.

Entre los municipios beneficiados están: Abasolo, Acámbaro, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Jaral del Progreso, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de La Paz, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Yuriria, Cortázar, San Diego de La Unión y San Miguel de Allende.

PROPONE GOBERNADOR CREAR FONDO MUNICIPAL

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En este marco de responsabilidad compartida, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo propuso a los alcaldes crear un fondo municipal permanente, que trascienda el período de una administración, para equipamiento policial, destinado exclusivamente para reparación del desgaste de unidades motoras y herramientas de trabajo, para que cada administración no tenga carencias en la seguridad pública y que puedan solventar de inmediato, como: reactivar patrullas, armas y uniformes, porque hay necesidad de equipar a los elementos.
En el evento estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo; el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, diputados locales y presidentes municipales, entre otras autoridades.

PRESENTAN PROPUESTAS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

Las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Dessire Angel Rocha y Martha Lourdes Ortega Roque, por un lado, y Katya Soto Escamilla, por otro, presentaron dos iniciativas de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato; con ellas se pretende, en la primera, que las instituciones policiales cuentan con una Unidad Especializada para la Prevención y Atención a la Violencia de Género, misma que deberá monitorear y dar seguimiento a las órdenes de protección, para garantizar su cumplimiento; y, con la segunda, se pretende ampliar el concepto de violencia política en razón de género y agregar conductas de lo que puede constituir violencia política contra las mujeres.

Yulma Rocha Aguilar.

En el caso de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención a la Violencia de Género en cada corporación, también debe garantizar la adecuada actuación de las policías, así como la debida diligencia en los procedimientos que sean de su competencia, ya que atender una llamada de emergencia es vital tanto para prevenir posibles actos de violencia, como para proteger a las víctimas, resguardar la escena donde se cometió el suceso y aportar los elementos necesarios a la autoridad competente de conocer e investigar los hechos.
Por lo que, las policías encargadas de proporcionar atención a mujeres víctimas de violencia de género, además de poseer las habilidades y conocimientos de actuación que les brinda la carrera policial, también deben estar sensibilizadas y capacitadas para proporcionar a la víctima los primeros auxilios psicológicos, en caso de ser necesario, detectar tanto la problemática, como el nivel de riesgo en el que se encuentre y otorgarle la orientación adecuada.
Hay municipios que ya cuentan con esta Unidad, como San Miguel de Allende, León, Guanajuato, Silao, Apaseo el Alto, Pénjamo, Irapuato y Abasolo; pero hasta ahora ha sido a voluntad de la autoridad municipal, considerando conveniente que se convierta en una obligación permanente del Estado y de los Municipios, para que se le dé continuidad, se fortalezcan dichas Unidades y se obtengan los resultados planteados.

Katya Soto Escamilla.

La segunda iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, a través de Katya Soto Escamilla, pretende ampliar el concepto de violencia política en razón de género, agregando conductas de lo que puede constituir violencia política contra las mujeres y que no están catalogadas, como: restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles; la realización o distribución de propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata, basándose en estereotipos de género; y divulgar imágenes, mensajes o información privada de una candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política.
Esta propuesta toma en cuenta la discriminación contra las mujeres embarazadas y medidas de acción cuando se quiera impedir la reincorporación al cargo, tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia; así como el evitar que se suscriban documentos o se avalen decisiones en contra de su voluntad mediante el uso de la fuerza, presión o intimidación, entre otras conductas que se sancionarán bajo los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.
Consideran importante que la ley cuente con disposiciones que abarquen todas las aristas de lo que constituye violencia política en razón de género, a efecto de otorgar las herramientas a las mujeres de Guanajuato y a las autoridades, para crear políticas públicas y estar en condiciones de erradicar la violencia de raíz.
Las iniciativas se turnaron a comisiones para su análisis y dictamen.