By *Involucran a gobernadora en persecución política
*Guanajuato debe blindarse con triunfo electoral
*Juan Manuel Oliva podría regresar al PAN
*La deuda más grande de México, la de Morena
POR AGP
INCUMPLIÓ PROTOCOLOS CONTRA NARCOLABORATORIO
El peor mensaje para todos los mexicanos y principalmente para los opositores de la 4T, lo dio este fin de semana la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, acusando de traición a la Patria al fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno -detenido-. El origen de este hecho fue el desmantelamiento de un narcolaboratorio, dónde según la FGR, no se cumplió con el protocolo -aunque según notas periodísticas- sí hubo presencia de autoridades federales, junto con los agentes de la CIA de Estados Unidos. Tal parece que la consecuencia de ello, más que defensa de la soberanía, en razón de la cual se cometen atropellos, el hecho afectó intereses de los narcotraficantes, con quienes hay estrecha relación desde la 4T, de acuerdo a las múltiples informaciones que han surgido al respecto, así como por el hecho de que se exhibió al gobierno federal por su inactividad o selectividad en esta lucha. Las críticas en redes sociales apabullaron a quienes tratan de entender a la fiscal.
Además del manto de impunidad, que la FGR tiende sobre el crimen organizado y grupos del poder político que mantienen sus redes de corrupción, como Rubén Rocha Moya (el RRM), Adán Augusto López Hernández (el de la Barredora) y Andrés Manuel López Beltrán (el del Huchicol Fiscal), ahora busca cómo someter a gobiernos y políticos que están en su contra, mediante acuerdos políticos para sacrificar a algunos y salvar a otros. Ciertos o no los motivos, en Chihuahua se manifestaron en defensa de César Jáuregui Moreno y en contra de la gobernadora, a quien acusan de entregar al exfiscal general del estado, por intereses políticos.
En el fondo, y lo más preocupante, es que el gobierno federal y Morena se valen de todo para hacerse del control político del estado, en las próxima elecciones. Así, con presiones políticas y órdenes de aprehensión -como se exhibió en su momento- para hacerse de la mayoría en la Cámara de Diputados. En este entorno, se habla de una traición de la gobernadora Maru Campos, para entregar al exfiscal general de Chihuahua, según expusieron los manifestantes, entre los cuales había familiares y panistas.
UN AVISO OPORTUNO A GUANAJUATO
De acuerdo al dicho popular que recomienda: “cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar”, Guanajuato, con fuerzas divididas y liderazgos sueltos, tiene que blindarse contra posibles acciones que dinamiten lo que queda de la unidad panista. Porque aunque, según la retórica política de hace unos días, en la toma de protesta de los nueve Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad, el representante de la dirigente nacional, Juan Carlos Martínez Terrazas, aseguró que el panismo guanajuatense es el corazón del panismo nacional, tal vez sea una exageración augura un colapso nacional; sin embargo, la realidad es que la unidad de los panismo guanajuatense, está en riesgo.
Tal vez, la salida de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, no tenga nada que ver con una acción concertada entre Morena y Movimiento Ciudadano (MC), pero tampoco hay que darlo por descartado, porque entre muchos políticos de los conocidos, cuenta más un mal acuerdo, que los principios partidistas que dicen llevar tatuados en su ser. Tampoco hay que dar por descartado que pueda haber otros que “vendan su alma al diablo” -así dice el dicho, no es porque el maligno esté encarnado en alguien-, con tal de obtener algún privilegio, de esos que los morenistas rechazan en público, pero en “privado” los usufructúan hasta el último sorbo.
Frente a todo ello, el panismo guanajuatense, si pretenden mantener el gobierno por más administraciones, tiene que ser claro y enfrentar la realidad como viene; blindar su territorio desde ahora, en el 2027; sumar voluntades y ganar las elecciones, en un pleno ambiente democrático.
Hasta el momento, la dirigente estatal Juanita de la Cruz Martínez Andrade, tiene una lectura de la realidad de cada comité municipal, de los que ha visitado en su gira, y sabe muy bien que parte del trabajo, el que tiene que ver con el partido, le compete al comité estatal y a los comités municipales; pero hay otra parte, más amplia, relacionado con la ciudadanía que es de competencia del gobierno del estado, a través de su desempeño en la ejecución de los programas, obras y desempeño institucional de los funcionarios, como parte del cumplimiento de los compromisos de campaña y de la inclusión social en los órganos de decisión.
JUAN MANUEL OLIVA, ¿REGRESA O LO LLAMAN?
Por parte del comité estatal se ha planteado un programa de fortalecimiento de la estructura territorial y un órgano de operación política, que refuerce la capacitación ideológica y la operatividad electoral. En este contexto, ha trascendido la posibilidad del regreso de Juan Manuel Oliva, quien aunque renunció al PAN en busca de una opción mejor, no logró que sus planteamientos avanzaran. Su presencia en el evento de 20 Aniversario de Guanajuato Puerto Interior, donde recibió un reconocimiento de manos de la gobernadora, levantó suspicacias, pero no con este propósito. Sin embargo, dicen que en política nada sucede al azar.
Sin embargo, a casi ocho días de ese evento, las posibilidades de su regreso parecen empezar a consolidarse por dos motivos importantes, además de su reconocida capacidad como operador político, fue coordinador territorial de la campaña de Libia Dennise García Muñoz Ledo, en algunas regiones del estado, y segundo, fue el maestro, en el ámbito partidista y de gobierno de Juanita de la Cruz; también, fue ella quien habló con él, cuando andaba intentando formar un nuevo partido. Le dijo claro: “déjese de…”. Pero el hombre en ese tiempo no entendía razones.
¿Es posible que regrese? Dicen que sí; pero lo tienen que consensuar con otras figuras políticas para no causar más revuelo y que su inclusión sí contribuya a fortalecer la estructura de PAN.
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN EN PRODUCTIVIDAD
En sesión del Comité Estatal de Productividad de Guanajuato, en el que participan funcionarios, la academia y empresarios del estado, se evaluaron los avances alcanzado en esta administración, destacando de forma preponderante, el programa de microcredenciales, en el que Guanajuato se ha ubicado como pionero, no sólo de México, sino también de América Latina, con más 30 mil credenciales en proceso. Pese a ello, el consenso general, es que falta mayor difusión para que directivos y trabajadores de empresas puedan acceder a ellas, a costos económicos, de entre 500 y 800 pesos.
El propósito es que directivos y trabajadores puedan certificar sus habilidades, incluso aquellas que no ampara una profesión, para que logren un mejor desempeño.
En este comité, que preside la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, participan por Celaya, la rectora de la Universidad de Celaya, Martha Aguilar Trejo, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, Jorge Luis Gámez Campos.
MÁS DEUDA PARA MEXICANOS Y PEORES SERVICIOS
El gobierno federal podrá contratar deuda interna, a través de Cetes y Bonos, hasta por 1.7 billones de pesos, de los cuales 1.6 billones de pesos serán para el pago de intereses y costo de la deuda en 2027, que llegará a un acumulado de casi 22 billones de pesos, equivalente a 55% del Producto Interno Bruto (PIB); además, podrá contratar deuda externa hasta por 13 mil 500 millones de dólares, que en pesos mexicanos será entre 228 mil y 241 mil millones de peso, dependiendo del tipo de cambio (alrededor del 0.6% del Producto Interno Bruto), de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, del Paquete Económico para el 2027, aprobada esta semana por la Cámara de Diputados con 331 votos de Morena y sus aliados a favor y 118 en contra de la oposición PAN, PRI y MC. La minuta fue enviada a la Cámara de Senadores para su análisis y eventual ratificación, a más tardar el 31 de octubre de 2026.
Al cierre de 2018, año en que Morena llegó al poder con Andrés Manuel López Obrador, la deuda era de 10.5 billones de pesos; en siete años, de 2019 al cierre de 2026, según la proyección de la Secretaría de Hacienda, la deuda total alcanzará los 19.9 o los 20.4 billones de pesos, el 51% del PIB del país, un incremento de 9.5 billones de pesos sólo en estos últimos siete años. Con lo proyectado al 2027, el monto de la deuda para este mismo período será de 11.2 billones de pesos. Superior a la que se contrajo hasta el 2018.
Los gobiernos de la 4T -como dice el dicho popular- han endeudado a los mexicanos “hasta las cachas”: entre 2019 y 2026, la deuda de cada mexicano -en teoría para ejemplificar su monto- pasó de 84 mil a 151 mil pesos; mientras el país, en vez de mejorar, enfrenta pérdida de instituciones sólidas, contrapesos y estado de derecho, que no permiten alcanzar el crecimiento económico esperado, frente a las grandes oportunidades que se presentaron y las que aún quedan, en relación con la relocalización de empresas; hay graves carencias en servicios e infraestructura, principalmente en educación y salud, como se ha puso de manifiesto esta semana con una mayor movilización y protesta de los propios trabajadores del IMSS. Lo que se había logrado antes, todavía con muchas carencias, se destruyó en aras de una supuesta transformación profunda por el bienestar del pueblo, que no ha llegado ni llegará, porque lo único más profundo que existe es la división de los mexicanos y la alianza de Morena con el “crimen organizado”, la delincuencia actuando desde el gobierno, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) se hace de la “vista gorda” para no investigar a los verdaderos delincuentes de dentro y de fuera del gobierno, entre los grupos de poder, como a los responsables del huachicol fiscal, donde están involucrados los políticos más encumbrados y funcionarios de alto nivel de diversas dependencias, así como el desvío de recursos de las obras emblemáticas de la 4T, con las que cooptaron a las fuerzas armadas.
En resumen, el endeudamiento más alto se ha dado en este período de la Cuarta Transformación, en el primero y en lo que va del segundo piso, que no se ha traducido ni en mejores servicios, ni en mejor infraestructura, ni en mayor crecimiento económico. Incluso, con el riesgo de perder su capacidad crediticia, de acuerdo a las calificadoras, entre ellas la agencia HR Ratings que, apenas esta semana, redujo la calificación crediticia soberana de largo plazo de México, de BBB+ a BBB (con perspectiva estable), manteniendo la nota de corto plazo en HR3 (capacidad moderada para el pago oportuno de las obligaciones de deuda de corto plazo), basada en el deterioro fiscal (acumular cinco años consecutivos de déficit fiscales), aumento de la deuda pública (el costo financiero para pagar la deuda ya supera los recursos que se destinan a las participaciones de estados y municipios), menor crecimiento económico (HR Ratings recortó su expectativa de crecimiento del PIB para 2026 a 1.3% y su proyección de largo plazo a 1.5%) y el apoyo a Petróleos Mexicanos (los recursos y esquemas de apoyo a (Pemex) que seguirán requiriendo transferencias del gobierno federal al menos hasta 2029), según organizaciones de estudios y análisis del sector público, como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), y México, ¿cómo vamos?, que analizan al detalle cada componente y proponen alternativas de solución o de mitigación a las consecuencias inevitables.
En la Ley de Ingresos hay medidas fiscales, que según los expertos, de estos y otros organismos, sí van a ayudar a una mayor recaudación, como la comentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la reducción del 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución, para todos los contribuyentes que se acerquen a pagar los adeudos fiscales, de cualquier monto, de 2025 y anteriores. Desde el punto de vista del CPC Gonzalo Hernández Hernández, CEO de 2H Consulting, consultado al respecto, consideró que la medida es buena desde dos aspectos: recaudar más, por un lado, y por otro, que los contribuyentes que estén en esta situación, puedan eliminar esas deudas, que son las más caras, pagando sólo lo que corresponde a los impuestos. Este tipo de deudas, que prácticamente son impagables o se han vuelto impagables, tienen bienes en garantía, la cual también se cancela. Muchos contribuyentes cumplidos no estarán de acuerdo con la medida, pero al Sistema de Administración Tributaria (SAT) lo que le interesa es aumentar la recaudación.
En otra de las medidas, también eleva el límite de ingresos anuales en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), de 35 millones a 50 millones de pesos para las personas morales; y de 3.5 millones a 5.0 millones de pesos para las personas físicas. Se propone aumentar de 900 mil pesos a un millón de pesos anuales el monto de ingresos exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas del sector primario que tributan en RESICO.
No hay nuevos impuestos ni aumentos a las tasas vigentes de ISR e IVA. La estrategia recaudatoria se enfocará en el combate a la evasión y al llamado “huachicol fiscal”.
Dado el tema coyuntural en el sector salud, con las manifestaciones, marchas y bloqueos de los trabajadores del IMSS, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, contempla para el sector salud un gasto de 1.14 billones de pesos, que representa el 10.6% del presupuesto total de 2027 y 2.9% del PIB, por debajo del 6.0% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar en la cobertura universal.
De acuerdo al presupuesto, el 78.0% (75.0%) de los recursos adicionales para salud se concentrará en la población con seguridad social, principalmente en el IMSS y el ISSSTE, instituciones en las que el gasto per cápita aumenta a 10.8%, en el IMSS; y a 17.9% en el ISSSTE, lo que en pesos será 11 mil 519 y 13 mil 857, respectivamente. En este mismo rubro, el gasto per cápita de Pemex se reduce 3.2%, para ubicarse en 29 mil 712 pesos; en tanto que el del IMSS-Bienestar aumentará 6.3%, 5,523 pesos. En base a estas cifras, el gasto público per cápita de una persona afiliada al IMSS será 2.1 veces más que el de una persona del IMSS-Bienestar. Con esta diferencia de financiamiento entre subsistemas, la implementación del Sistema Universal de Salud, prevista políticamente para 2027, se convierte en un desafío prácticamente inalcanzable.
Además, en el presupuesto general de 2027, los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud (SSa) dispondrán de 1.5% menos, comparados con el 2025, mientras que el presupuesto para medicamentos e insumos médicos sólo aumentará un 1.5%, insuficiente para cubrir las carencias.