By *La Presidenta, entre la espada y la pared
*Reforma light por intervención del narco
*Anular elección por intervención extranjera
*Ley para elección judicial en Guanajuato
*Defienden espacios participación ciudadana
*IMSS Guanajuato impulsará productividad
POR AGP
FACTIBLE MAYOR COOPERACIÓN
Hay vasos comunicantes entre las más altas figuras de Morena, algunos gobiernos estatales y políticos del régimen actual, con el crimen organizado en México, que permitieron e, incluso, colaboraron, en el tráfico de drogas -fentanilo y cocaína, principalmente- a Estados Unidos, de acuerdo a las pruebas que se analizaron y se procesan jurídicamente en las cortes de Estados Unidos, de donde ya solicitaron la detención y extradición de algunas de esas figuras, como la del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y cómplices cercanos, a quienes les imputan cargos de narcotráfico, tráfico de armas y de conspiración, igual o más graves que las imputaciones a los narcotraficantes. Esto crímenes son independientes por los que deberían ser procesados en México: asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, extorsiones y el huachicol fiscal, además de corrupción, desvío de recursos, y otros delitos electorales, que han salido a relucir, a raíz de la persecución emprendida por Donald Trump y las cortes norteamericanas.
El descrédito -por decir lo menos- en que ha caído el gobierno de la 4T y el partido Morena, está dañando al país, y tiene al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre la espada y la pared: o defiende el “legado” de su antecesor o limpia y saca al país de la violencia y criminalidad en las que lo han sumido, a escalas sin precedentes y en el menor tiempo posible. Hoy, todavía es una interlocutora con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump, pero reclama mayor cooperación contra los cárteles de la droga, catalogados legalmente por él, como terroristas, por los daños que han causado a su país. Seguramente, nadie quisiera estar en los zapatos de la Presidenta. Es impredecible hasta dónde va a llegar.
De la llamada época neoliberal, se dice que Carlos Salinas de Gortari fue el presidente más perverso, en cuyo sexenio sucedieron crímenes de Estado que cimbraron a México entero, como el magnicidio de Colosio, relacionados también con el crimen organizado; sin embargo, López Obrador nunca tocó a Salinas ni a Enrique Peña Nieto, pero sí los superó en su alianza criminal con los narcotraficantes y en operaciones de corrupción, que han sido tema de denuncia nacional, como el “Huachicol Fiscal”.
Para Estados Unidos, hoy no se trata sólo de un tema de narcotraficantes, sino también de gobernantes y políticos, que desde las esferas del poder, han sido partícipes, directa o indirectamente, de esta actividad ilícita, que ha causado daño a los habitantes de aquel país.
Al gobierno de México, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, aún con la afinidad partidista con los principales implicados, también le debe interesar liberar a México, salvar a la Patria y proteger a las familias de la inseguridad, que se manifiesta a diario en asesinatos, extorsiones, desapariciones y robos, principalmente.
Posiblemente, sea demasiado ingenuo pensar que esto pueda suceder; porque los grupos criminales y políticos involucrados no dejan de presionar; sin embargo, también parece que Estados Unidos no va a parar, hasta que la justicia alcance a los niveles más altos, de acuerdo a la información y pruebas que han ido obteniendo con los testigos protegidos, los detenidos que entregó el mismo gobierno de México y los que se han ido a entregar voluntariamente.
Entre ellos, un mando militar, que también develó un tema muy delicado al seno de las fuerzas armadas del país, de las que una parte se dedica a construir trenes, aeropuertos y puertos, que tampoco está mal, pues tienen carrera profesional para ello; pero, hay dudas sobre los verdaderos motivos de su involucramiento, hasta llegar a plantearse, razonablemente, una perversa inclusión para darles la oportunidad de un manejo discrecional del presupuesto asignado a los proyectos, a cambio de su silencio o colaboración en hechos criminales, como el del huachicol fiscal, acreditado por las mismas instancias de gobierno, cuya investigación ha frenado la Fiscalía General de la República, o no ha avanzado como debiera para hacer las imputaciones respectivas.
Los mexicanos -gobernantes, políticos y organizaciones civiles- no involucrados, han quedado pasmados, ante la escalada de la violencia y corrupción en la que han sumido el país; pero también se ven con mayor claridad la verdadera razón de muchas de las reformas aprobadas por la mayoría morenista y aliados, principalmente la reforma judicial, para tener un escenario a modo, que les permita salir impunes; no para mejorar el país, ni para perfeccionar la democracia.
REFORMA NI OBLIGA NI ES VINCULANTE
El problema es que no paran. Las reformas aprobadas esta semana para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, no tiene ningún sentido práctico, ni consecuencia jurídica alguna, que coadyuve para una mayor efectividad y certeza en el proceso electoral, para impedir la intervención del narcotráfico, desde el financiamiento a las campañas electorales, hasta su incursión en las candidaturas y de ahí en los mismos puestos de gobierno. Todo, no es más que simulación. Tal parece que hay un cordón umbilical o vasos comunicantes entre Morena y el crimen organizado que, no pueden, no quieren o no se atreven a cortarlo, a riesgo de morir de inanición.
El objetivo de la Comisión -según la reforma-, que estará integrada por tres consejeros electorales -mujeres y hombre- por un período de tres años, será recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de los postulantes a candidatos a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral, para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles. Pero es voluntario y el resultado no es vinculante.
Para aprobar el dictamen de esta reforma, que presentó al pleno la diputada María Guadalupe Morales Rubio, de Morena, los legisladores consumieron en la discución más de 26 horas del cronómetro parlamentario, aunque en la práctica el uso del tiempo sea insustancial; por ese motivo, ya la catalogaron como una sesión histórica.
Pero no es todo. Entre los puntos del dictamen también estaba la propuesta del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que fue retirada, para incluir entre las causales de la anulación de una elección, la intervención extranjera; una propuesta muy burda, tomando en cuenta su calidad de especialista constitucional, que él mismo aludió, cuando ni siquiera se consideró incluir, entre estas causales, la intervención y/o participación de los narcotraficantes, más acorde a la propuesta de la Presidenta, sobre la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, además de ser el tema central del debate. De cualquier forma -aclaró el morenista- la reforma no se iba a aplicar en las elecciones de 2027, así que la discusión se puede dejar para después. Algo suena a que “el miedo no anda en burro” y prefirió atender veladamente una advertencia del vecino país del norte.
Entre aciertos y desaciertos, pero más los segundos, Morena trata de recomponer o, al menos, sostener el escenario que les posibilite mantener, a como dé lugar, la mayoría en las próximas elecciones.
OBLIGADOS A ARMONIZAR ELECCIÓN JUDICIAL
En Guanajuato se aprobó la reforma para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial. Los diputados del PAN, a través su Susana Bermúdez Cano, dejaron en claro que ellos no están de acuerdo en que los juzgadores sean elegidos por voluntad popular, pues su perfil, más que depender de popularidades, de las estructuras político-electorales y de dinámicas propias de una campaña, requieren de un mecanismo administrativo -tampoco dependiente del Ejecutivo, como ha sido hasta ahora-, que garantice conocimientos jurídicos y de técnicos para desempeñar su función de forma profesional, especializada, imparcial y ajustada a los criterios de justicia.
La propuesta aprobada, según la exposición de la proponente, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, abarca desde la convocatorias, campañas, fiscalización y restricciones al financiamiento indebido en campañas judiciales. La misma proponente y otros legisladores hicieron notar la no incorporación de propuestas ajenas a criterios técnico-jurídicos, como el concepto que pretendía regular la violencia política, como una institución jurídica diferenciada de la violencia política en razón de género.
Es una reforma compleja, pero profunda y trascendente para la vida institucional de Guanajuato, que se realiza por una obligación constitucional de armonizar el marco jurídico local con la reforma federal, que modificó por completo el modelo de impartición de justicia en el país -muy cuestionado desde el principio y más conforme se van develando los verdaderos motivos, muy distantes de un interés genuino en las justicia; pero así le vendieron el cuento a los mexicanos-.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
Relevante en la política local, fue la realización del “Conversatorio: La voz ciudadana, ¿debe ser consultiva o decisiva?”, organizado por el Observatorio Ciudadano Integral de Celaya, que preside Luis Fernando Nieto Herrera, con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, que reunió a representantes de diversos sectores y de organismos de la sociedad, tanto empresariales, como académicos y de colonias y fraccionamientos.
Independientemente de los señalamientos específicos en contra de la administración municipal de Juan Miguel Ramírez Sánchez por su propuesta de reingeniería, que contempla la incorporación de despensas descentralizadas a dependencias municipales y con ello desaparecer los consejos directivos o cambiarlos a consejos consultivos, se propuso promover y fortalecer la participación ciudadana en el ámbito de los gobiernos municipal, estatal y federal, desde el seno de los mismos organismos ciudadanos de todos los sectores, a quienes también se solicitó mayor inclusión y corresponsabilidad entre ellos; no permitir que los espacios ciudadanos en el ámbito de la administración municipal, sean eliminados y que sus resoluciones, incluso en los consejos consultivos, sean vinculantes.
Como resultado de las propuestas, se envió al Ayuntamiento de Celaya una propuesta específica, con cinco puntos:
1).- En Celaya la participación ciudadana, en órganos de la administración municipal, ha demostrado ser efectiva. De ahí surgió: la planta de tratamiento del agua contaminada con arsénico y flúor; la renovación del Corazón de María y Templo del Carmen, la gestión e infraestructura urbana y la defensa del patrimonio histórico, que fueron aprobados por voto directo de los consejeros ciudadanos.
2).- Transformar los consejos directivos en consejo consultivos, no es una reestructuración técnica, es una transferencia de poder de la ciudadanía a la autoridad, sin rendición de cuentas y sin contrapeso. Existe una diferencia real e irreversible entre un consejo directivo y un consejo consultivo: el primero obliga, el segundo sugiere.
3).- Rechazamos el argumento del ahorro como justificación para reducir la participación ciudadana. El conocimiento técnico, la experiencia territorial y el tiempo de los ciudadanos no tiene precio en el presupuesto municipal; por eso su valor es imposible de sustituir.
4).- La participación ciudadana en los órganos de decisión, no es privilegio ni gasto prescindible, está respaldada por el marco normativo, local, estatal, nacional e internacional, incluyendo las disposiciones de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y representa una forma de corresponsabilidad, que ninguna autoridad puede eliminar, por conveniencia administrativa.
5).- Exigimos al H. Ayuntamiento de Celaya que antes de aprobar cualquier cualquier reestructura administrativa, garantice por reglamento tres compromisos específicos y verificables:
-La permanencia de todos los consejos directivos ciudadanos en todas las instancias donde hoy existen.
-La convocatoria pública, abierta y oportuna para su integración.
-La obligación de que sus resoluciones sean vinculantes para la autoridad municipal.
BUSCA EFICIENTAR SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
En un encuentro del nuevo delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, Eusebio Rosales Partida, con el presidente del Consejo Coordinador (CCE) de Celaya, Jorge Luis Gámez Campos, acompañado de Martín Bejarano Ferreyra, presidente de Canacintra, el funcionario federal presentó algunos puntos del plan de trabajo que va a impulsar, en base a un diagnóstico, que se realizó en la entidad, con el propósito de eficientar los servicios e incrementar la productividad. Se proyectó una próxima reunión con todos los miembros del CCE, donde se amplíe el contenido del plan.
Entre los puntos específicos que se pusieron sobre la mesa, destacan: el IMSS en Guanajuato cuenta con la capacidad operativa necesaria para atender la demanda de servicios; hay necesidad de optimizar tiempos para alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos materiales y de infraestructura -en algunas horas hay espacios saturados, pero en otras están casi vacíos.
Reconoció el directivo del instituto, que uno de los retos más importantes para la subdelegación de Celaya, la segunda más grande del estado, con más de 580 mil derechohabientes, es la construcción del nuevo hospital regional; sin embargo, en cuanto a la elaboración del proyecto y su construcción, ya están en ámbito de las oficinas centrales.
En este contexto, a raíz del diagnóstico, surgió un hecho que es preocupante al convertirse en problema de salud pública y de demanda de servicios de traumatología en el instituto: entre el 50% y 70% de los servicios en quirófanos son demandados por personas que se accidentan en este medio de transporte.
Se considera que empresarios y autoridades municipales deberían intervenir, de acuerdo a sus atribuciones, para hacer conciencia de un mejor uso del vehículo y del cumplimiento de las normas de movilidad. Una tarea para el municipio -en este caso, de Celaya- y para las organizaciones empresariales, principalmente las relacionadas con reparto de mercancías y entrega de alimentos.