By *En el Top 10 sólo en algunos indicadores
*Décimo Foro PYME de Coparmex el 1 de octubre
*Piden a TEPJF analizar criterios aprobados por el INE
CAE COMPETITIVIDAD DE GUANAJUATO 3 POSICIONES
Aunque la Secretaría de Economía de Guanajuato destaca que el estado se encuentra en el Top 10 de algunos indicadores económicos de competitividad, que publica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en términos generales Guanajuato se ubica en el lugar 16 con una caída de -3 posiciones. Entre las 10 entidades que destacaron por su desempeño competitivo, se encuentran: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Sonora.
No se puede negar que Guanajuato avance en el fortalecimiento de su economía y en la generación de mejores condiciones para las personas, como lo cita el boletín del gobierno del estado, en coincidencia con algunos indicadores del Índice de Competitividad 2026, como: exportaciones de mercancías (octavo lugar), diversificación económica (sexto), crecimiento de las unidades económicas con más de 50 empleo (sexto), registro de patentes (noveno), desigualdad salarial (noveno) y captación de ahorro (cuarto); pero, anda muy bajo en uso de banca móvil (lugar 28), población con educación superior (lugar 29), y la percepción de seguridad es de los más bajos (lugar 30) de las 32 entidades.
En este marco, la Secretaría de Economía, encabezada por Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, reafirma que Guanajuato impulsa una política económica que articula inversión, empleo, talento y desarrollo empresarial, a través de Guanajuato SUMA, y explica que, de acuerdo a los resultados del IMCO reflejan la fortaleza de la economía, como más de 6,556 millones de dólares en atracción de inversiones, mientras que las acciones de vinculación laboral han permitido la colocación de 78 mil personas. En general Guanajuato se ubica como la quinta economía más fuerte de México.
En materia de Innovación y Economía, con base en los resultados el IMCO, Guanajuato destaca por su diversificación y su capacidad para participar en los mercados internacionales: ocupa el sexto lugar nacional en diversificación económica y el octavo en exportación de mercancías.
En cuanto al Mercado de Trabajo, se ubica en el sexto lugar nacional en crecimiento de las unidades económicas con más de 50 empleados.
Está en el décimo lugar nacional en la diferencia de informalidad laboral entre mujeres y hombres, con apenas 0.6 puntos porcentuales de diferencia, reflejando mayor equidad entre ambos géneros.
PARTICIPAN OCHO PONENTES Y EL PRESIDENTE NACIONAL
Previo a la conmemoración del 40 Aniversario de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Celaya, que celebrará el próximo año, este uno de octubre de 2026 realizará la décima edición del Foro PYME, con la participación ocho ponentes del ámbito local nacional, a los que se sumará el presidente nacional de la organización, Juan José Sierra Álvarez, dirigido primordialmente a jóvenes emprendedores y estudiantes de instituciones de educación superior de la localidad y de la región, así como empresarios industriales, prestadores de servicios y del campo.
Los ponentes que guiarán el análisis de la situación actual, sus retos, perspectivas y oportunidades para los empresarios y nuevos emprendedores, serán: David Gastélum, ex director comercial de Bachoco, y Daniel Salazar, CEO de Bachoco, quienes abordarán la forma en que se construye un empresa global; Claudia Montalván, directora de la Empresa-Contigo, y Claudia Calderón, directora de regional de Great Place to Work, sobre la formación de un equipo de alto compromiso; Velia Hontoria Álvarez, CEO de Coplainsa, y Verónica Espinoza, directora de Expresa TV, quienes expondrán la manera se hacer crecer el entorno para hacer crecer tu negocio; y Julio Patán, junto con Raymundo Riva Palacio, periodistas, analistas y conductores, mostrar las formas de crecer en y a pesar del entorno actual.
A ellos se sumará la participación especial del presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Ávarez, quien tiene a su cargo el planeamiento institucional del sindicato patronal, frente a la realidad del país.
GARANTIZAR CERTEZA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe analizar a fondo las impugnaciones presentadas por organizaciones de la sociedad civil en contra de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el Acuerdo INE/CG489/2026, ya que las medidas inciden directamente en la capacitación electoral y en la integración de las mesas directivas de casillas, quienes recibirán y contarán los votos de millones de personas el 6 de junio de 2027. Por lo menos, deberían verificar si las medidas conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad, que requiere una elección nacional.
La impugnación presentada por la organización Poder Ciudadano mx, que agrupa a ciudadanos y miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil, precisan que la participación ciudadana no debería limitarse al día de la votación; “también debe poder vigilar las reglas con las que se organiza el proceso”, de acuerdo al planteamiento de Gaby Sterling, presidenta nacional de la organización, advirtiendo que desechar las impugnaciones ciudadanas, como lo propone el proyecto de sentencia, relacionado con los expedientes SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026 y acumulados, por considerar que carecen de interés jurídico para controvertir las nuevas reglas, impediría revisar las medidas que inciden directamente en la integración de las mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y las condiciones de imparcialidad de quienes recibirán y contarán los votos de millones de personas el 6 de junio de 2027.
Aclaran que no están solicitando que anticipe una resolución favorable, sino que se permita analizar el fondo de las modificaciones y determine si conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad, que requiere una elección nacional.
La demanda cuestiona un conjunto amplio de modificaciones que, consideradas de manera acumulativa, podrían reducir los márgenes preventivos con los que se integran las casillas, como:
*La reducción de ocho días en los periodos de capacitación electoral: tres días menos en la primera etapa y cinco en la segunda.
*La sustitución del mínimo anterior de revisitas y del referente de contar con dos personas aptas por cada funcionario requerido por un “número óptimo” calculado con datos históricos. Una vez alcanzado ese número, podrá dejar de buscarse a la ciudadanía sorteada que no haya sido localizada.
*La posibilidad de incorporar nuevas secciones con estrategia diferenciada nivel 2 —que permite recurrir a personas de la lista nominal cuando la ciudadanía sorteada resulta insuficiente— sin la autorización previa del Consejo Distrital, al que se informaría posteriormente.
*La sustitución de la compulsa institucional con bases de datos para verificar que las personas designadas como funcionarias de casilla no sean servidoras públicas impedidas, por una declaración bajo protesta de decir verdad.
*La eliminación del inicio automático de un procedimiento sancionador cuando una persona aspirante a supervisora electoral o capacitadora-asistente aparece en el padrón de un partido político y desconoce esa afiliación.
*También se modificó la ponderación para seleccionar a supervisores y capacitadores: el examen pasó del 60% al 50% de la calificación, mientras que la entrevista aumentó del 40% al 50%.
Se reconoce que el INE debe responder a las necesidades presupuestales y operativas de una elección de gran magnitud; pero aún así, la eficiencia administrativa debe acompañarse de evidencia técnica suficiente para demostrar que la reducción de tiempos, revisitas y verificaciones no afectará la calidad de la capacitación ni aumentará la utilización de mecanismos extraordinarios para integrar las casillas.
Subraya que las organizaciones de la sociedad civil tienen una función legítima en la observación, vigilancia y defensa de la integridad electoral, para fortalecer a las instituciones, a la vez que permite que decisiones técnicas de gran trascendencia sean sometidas a un escrutinio público y jurisdiccional más amplio.
Hay confianza en que la Sala Superior valore la importancia de garantizar vías efectivas de participación ciudadana, antes de que comience la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027.
HISTÓRICOS A ANALIZAR
La proporción de personas propietarias designadas, que efectivamente integraron las mesas de casilla, disminuyó de 92.26% en el proceso 2017-2018 a 89.35% en 2020-2021, y a 88.28% en 2023-2024, mientras aumentó la participación de ciudadanía tomada de la fila.
Durante el proceso 2023-2024 se registraron 18 mil 245 sustituciones de supervisores electorales y de capacitadores asistentes electorales, lo que obligó a emitir 1,465 convocatorias adicionales para cubrir las vacantes.