PROSPECTIVA: Para que le sirven los informes…

J. Gerardo Mosqueda M.

El mes de septiembre fue elegido por la presidente de México para informar a la nación, estado por estado, acerca de las condiciones en las que se encuentra el país; en realidad parece difícil sostener un discurso, y lo que termina conviniendo es que agreguen un aderezo de información ocasional, de confrontación de los grupos acarreados a los eventos masivos en cada Estado, y, por lo tanto, la nota principal, periodísticamente hablando está en los gritos de los mexicanos. Claro, quién quiere a morena y quien no quiere a morena.
Afortunadamente existen fuentes de información institucionales para obtener datos que no sólo no se quieren compartir con la opinión pública en el país, sino que, por el contrario, se está buscando alguna manera de que los datos pasen desapercibidos y no tengamos oportunidad los mexicanos de reflexionar hacia dónde y cómo está evolucionando nuestro país.
Es importante coincidir, al menos en que existen bases de datos, indicadores, reportes de investigación formal, que nos permiten tener un panorama general y desde luego evaluar… por qué sin evaluación, estamos irremediablemente destinados a seguir cometiendo errores graves y en algunos casos, con daños irreversibles.
La presidente Sheinbaum ha presentado un informe anual al congreso, de donde estaré tomando los datos como fuente principal, y luego corroborándolo con las fuentes institucionales desde donde se genera esta información, con relación al financiamiento a los sectores productivos, especialmente orientados al fortalecimiento de emprendedores y de micro, pequeñas y medianas empresas.
Los recursos incluyen sistemas de financiamiento a través de la banca de desarrollo, específicamente como parte de los objetivos del plan México.
A través de nacional financiera, NAFIN, se promueven algunas líneas de crédito estructuradas para micronegocios con acceso hasta por 500,000 pesos; para nuevos créditos comerciales hasta por 5 millones de pesos, para empresas consolidadas apoyos hasta por 20 millones de pesos, para su expansión. La presidenta suscribió un acuerdo clave con la asociación de bancos de México que establece al menos 30% del financiamiento de la banca comercial que debe realizarse de manera directa a pequeñas y medianas empresas. Hacienda ha propuesto algunas modificaciones administrativas y tributarias, para aliviar la carga de los negocios más pequeños…
Hay algunas ampliaciones al régimen simplificado de confianza, también algunas muy modestas, facilidades en el pago del IVA y la ventanilla única de inversión, que es una especie de simplificación y unificación de trámites burocráticos ante organismos como el S.A.T., el IMSS; y algún ejercicio básico de cómo buscar reducir la burocracia para la apertura de nuevos negocios.
En el informe se destaca la estrategia de relocalización de cadenas productivas, ligándolas con el desarrollo de proveedores locales; el gobierno pretende integrar a los pequeños y medianos empresarios dentro de las cadenas de valor de las grandes inversiones extranjeras, registradas en el país, apoyándose en el relanzamiento de la marca oficial, hecho en México, y en una especie de creación de polos de desarrollo regionales, que después de un año todavía no parecen muy claras las vocaciones de los mismos.
Esto que le han llamado los polos de desarrollo económico para el bienestar, son zonas geográficas determinadas para funcionar como imanes industriales, (lo que usted quiera entender por esta expresión) y su objetivo principal es concentrar esfuerzos públicos y privados para detonar la inversión, sustituir importaciones, generar empleos e incrementar la proveeduría local, todo bajo un paraguas que se puede llamar Plan México.
El informe dice que existe una bolsa de 5.7 billones de pesos para el plan de inversión en infraestructura, y luego aclara que no proviene de un solo desembolso inmediato, que no se financia exclusivamente con deuda pública, que se trata de una proyección multianual calculada de 2026 a 2030, que diversifica sus fuentes de financiamiento y que no se ha empezado a ejercer, pero que su monto total para ejecutarse, a lo largo de cinco años, no impacta el presupuesto de un solo ejercicio fiscal.
Para el arranque de este gran proyecto, sólo en 2026 se asignaron 722,000 millones de pesos que es una cantidad equivalente al 2% del producto interno bruto nacional y que para este mes de septiembre sigue sin existir el desglose de la aplicación de estos recursos, también el documento del plan considera la participación de las empresas privadas, es decir, permite que los consorcios privados inyecten su propio capital para la construcción, operación y proveeduría de las obras, con lo cual se pretende aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Hasta aquí todo este razonamiento sigue siendo teórico.
El presupuesto de egresos de la Federación tiene como fuente principal la captación de impuestos de año con año y como referencia la recaudación fiscal anual estimada supera los 5.8 billones de pesos, a este concepto es al que el gobierno mexicano le llama como inversión física presupuestaria para dar mantenimiento necesario y crear nueva infraestructura…
Más del 54% de la bolsa total de estos recursos, está asignada al sector energético, específicamente Pemex y CFE. Es decir, estas empresas utilizan sus propios ingresos operativos e ingresos comerciales por la venta de gas, de gasolina, de luz para reinvertir en proyectos, como refinación, termoeléctricas y gasoductos. Sin embargo, estamos hablando de uno de los factores medulares de la crisis fiscal que vive el país operativamente. Estas empresas son inviables por sí mismas.
Contablemente el gobierno no tiene otra opción legal o estructural que usarlas como ventanilla de destino para el presupuesto de infraestructura, es decir, Pemex y CFE tienen calificaciones crediticias internacionales vigentes de las agencias internacionales como Moody’s y Fich Ratings que revelan una profunda debilidad institucional.
Pemex se encuentra en terreno profundamente especulativo o mejor conocido como bono basura, calificada con B1 y B- reflejando con esto, que su perfil operativo individual está quebrado.
CFE tiene una nota ligeramente mejor en la escala internacional Baa3 por Moody’s qué es el escalón más bajo del grado de inversión, lo único que evita que estas notas caigan a niveles de impago total es que las agencias calificadoras incorporan explícitamente en sus modelos, una garantía implícita y soberana del gobierno federal. El mercado sabe que si Pemex o CFE caen el Estado mexicano absorbe la pérdida, arrastrando consigo la nota crediticia de todo el país.
El dinero público que entra a los balances de estas empresas, no se traduce en inversión productiva real (perforación eficiente o nuevas plantas de transmisión.) sino que se esfuma en gasto corriente y boquetes financieros. El presupuesto se les asigna de esta manera por razones contables y de supervivencia nacional.
Pemex y CFE arrastran pasivos laborales monumentales y pesadas obligaciones financieras, de tal manera que, si el paquete económico no les etiquetara esta enorme porción de recursos fiscales, las empresas no podrían pagar sus vencimientos de deuda mensual, detonando una crisis sistémica en los mercados financieros globales que congelaría el crédito para todo el país.
Gran parte de los recursos que recibe CFE cerca de 87,000 millones de pesos anuales son transferencias directas del gobierno para subsidio de tarifas.
Contablemente el gobierno etiqueta parte de estos apoyos dentro de la bolsa general del sector energético, para justificar la transferencia ante el Congreso, aunque en la práctica este dinero sirve para cubrir las pérdidas operativas inmediatas.
En el caso de Pemex, para evitar que el dinero sea devorado por la burocracia de Pemex, la administración diseñó mecanismos alternos. Instituciones públicas, como BANOBRAS que estructuraron fideicomisos específicos por montos que rondan los 250,000 millones de pesos que cuentan con garantía federal y a través de estos vehículos financieros, el dinero del presupuesto no entra a las cuentas generales de Pemex, sino que se paga directamente a los proveedores privados que ejecutan las obras de infraestructura energética esenciales.
El costo real para el país es el déficit fiscal. La estrategia de mantener artificialmente a flote a estos dos gigantes financieros inviables ha tenido un costo severo para la economía nacional. El financiamiento recurrente de estas pérdidas ha provocado que el déficit fiscal del país se eleve a niveles cercanos al 4.1% del PIB, absorbiendo, recursos que debieron destinarse a inversión física real en carreteras, hospitales y escuelas y en beneficio de la competitividad nacional.
A partir de las evaluaciones de mediados de año, las tres calificadoras mundiales coinciden en colocar a la deuda soberana de México en el último escalón antes de caer al terreno especulativo, es decir, al concepto de bono basura. Las tres calificadoras coinciden en degradar la calificación de México, a sólo un peldaño de perder el grado de inversión y el argumento central de la rebaja fue el incremento sostenido de la deuda pública, derivado de los rescates financieros y de la rigidez en el gasto operativo del sector energético.
Haciendo una proyección de las agencias y organismos económicos, como el Fondo Monetario Internacional. Hay tres focos rojos que podrían detonar la pérdida definitiva del grado de inversión:
1. La deuda pública se encamina al 55%-58% del PIB.
2. Los requerimientos financieros del sector público deben bajar al 2.5% del PIB. Sin embargo, la proyección de la administración federal en el diseño presupuestal planea una reducción menos agresiva que ronda el 3.9% del PIB, lo cual clasifican las calificadoras como un factor persistente de deterioro fiscal.
3. Agencias calificadoras y otros fondos de inversión señalan que los cambios institucionales recientes como la reforma judicial y la eliminación de órganos reguladores autónomos erosionan la certidumbre jurídica. Su proyección indica que, al no haber reglas estables, se frenarán los grandes capitales de la relocalización y sin esa inversión extranjera masiva, la economía mexicana crecerá a tasas bajas de 1.5%, siendo optimista, con lo cual se debilitará la recaudación de impuestos y se impedirá que el gobierno tenga recursos propios para seguir patrocinando a Pemex.

Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.