PROSPECTIVA: Censurar y polarizar

J. Gerardo Mosqueda M.

No existe un consenso absoluto sobre si la instrumentación del derecho de audiencias obedece a un plan autocrático, sino a una profunda polarización en la interpretación de sus alcances políticos, mientras él oficialismo defiende estas medidas como un avance democrático para proteger a los ciudadanos del poder de los monopolios mediáticos, otros están alertando sobre la regulación como una herramienta de control y presión editorial.
A nadie le tendría que parecer mal, especialmente si son críticos del gobierno, periodistas y organizaciones independientes, que haya quienes argumenten la obligatoriedad de separar la información de la opinión.
Aunque esto abre la puerta a que el Estado mexicano determine arbitrariamente, qué es periodismo veraz y qué es periodismo sesgado. (SIC) Todos los lineamientos son promovidos a través de la comisión reguladora de telecomunicaciones, CRT, un organismo sin autonomía y de plena dependencia del poder ejecutivo que, por supuesto, genera desconfianza sobre su imparcialidad y por si le hiciera falta, el gobierno mexicano debilita el ecosistema de medios tradicionales críticos, obligándolos a otorgar espacios en condiciones de simetría con el discurso oficial, restando su independencia.
Hay un origen constitucional derivado de las reformas del año 2013 con una salvedad, la ley fue creada para tener un Instituto regulador de las telecomunicaciones que fue eliminado por el gobierno de la cuarta transformación y en su lugar creó la comisión reguladora que tiene una dependencia absoluta del poder ejecutivo, más el respaldo de organismos como la comisión nacional de los derechos humanos, que sostiene que los concesionarios de frecuencias explotan un bien público del Estado, y por lo tanto, se debe evitar que difundan publicidad engañosa, disfrazada de reportajes informativos…
El ejecutivo mexicano rechaza que se trate de censura y afirma que lo que se busca es transitar hacia una autorregulación mediante una consulta pública, que contribuye a equilibrar el poder entre las grandes corporaciones y el ciudadano común.
No cabe duda de que los derechos de las audiencias son un tema muy útil e importante, porque estos derechos deben de proteger a las personas ante los medios de comunicación y también los medios digitales, buscando siempre que el ciudadano reciba contenidos veraces, plurales y sin discriminación. Los derechos de las audiencias son normas que deben defender a los ciudadanos frente a los medios de comunicación que exigen programaciones de calidad, que separan la información de la publicidad y que piden respeto a los horarios pensando en menores de edad, pero es un hecho que dan poder para exigir correcciones o réplicas porque promueven diversidad de opiniones en los medios y por qué deberían de ayudarnos a tener un entorno de información, honesto y transparente.
El gobierno mexicano de pronto a asumido con gran interés, el tema y hasta ha creado un programa con los recursos fiscales de los mexicanos, conocido como derecho de réplica, que no ha sido diseñado para conceder espacios de réplica, pero ya es el espacio del gobierno mexicano con el que se generan opiniones encontradas y un intenso debate sobre los límites de la comunicación oficial, la libertad de expresión y el combate a la desinformación.
Quienes defienden el espacio que ha generado el gobierno están argumentando que es una herramienta necesaria del Estado para aclarar datos falsos, descontextualizados o manipulados que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales y por eso el gobierno defiende que esa sección ayuda a exponer los mecanismos de manipulación masiva, como el uso científico de redes de Bots y cuentas automatizadas, dedicadas a amplificar tendencias artificiales en contra de los proyectos del gobierno. (como los que usa el gobierno en contra de sus opositores).
En contraste, periodistas, analistas y actores políticos se convierten en blancos de francas críticas porque funciona como una plataforma para amedrentar a las voces críticas en el país, produciendo listas de personas e instituciones y organizaciones que han sido calificadas como listas negras y donde se ha puesto de manifiesto que aunque el derecho de réplica está diseñado legalmente para proteger al ciudadano frente al poder de los medios masivos, resulta que es el poder ejecutivo, quien está utilizando los recursos del Estado para replicar colectivamente a los particulares, sin conceder el derecho de réplica en los programas que produce el Estado Mexicano con los recursos fiscales que aportan los ciudadanos.
El fundamento del derecho de las audiencias se encuentra en la combinación entre los derechos humanos, la Constitución mexicana y las leyes secundarias, advirtiendo su principio central en que el espectador o él escucha, no debe ser considerado como un simple consumidor pasivo, sino el titular de derechos frente a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones y se estructura, básicamente en tres niveles normativos:
1. El artículo sexto de la Constitución mexicana, que establece de forma explícita, que el Estado garantizará el derecho a la información, y que la ley secundaria debe proteger los derechos de los usuarios y las audiencias.
2. El espectro radioeléctrico es un bien público. El Estado otorga concesiones a particulares bajo la premisa de prestar un servicio público de interés general.
3. La ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión es el Marco operativo principal y nace en la ley en julio de 2014. Instruye que las transmisiones deben de brindar los beneficios de la cultura, preservando el pluralismo ideológico, político, social y la veracidad de la información.
4. Establece obligaciones a los medios para que aporten elementos, a fin de que la audiencia pueda diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión, quién la representa, así como distinguir la publicidad del contenido programático.
El Marco legal exige contar con un código de ética público y la figura independiente de un defensor de la audiencia para resolver las quejas de los ciudadanos. En este momento, el tema del derecho de las audiencias adquiere una centralidad estratégica para el gobierno federal mexicano, debido a la consulta pública de los nuevos lineamientos de la Comisión reguladora de telecomunicaciones que deberá concluir el 21 de agosto, por lo que para el poder ejecutivo no es sólo una discusión técnica sobre medios, sino un eje prioritario de su narrativa política y de sus estrategias de comunicación por las siguientes razones:
1. El gobierno argumenta que sus nuevos lineamientos son la herramienta legal indispensable, para evitar que información falsa, descontextualizada o manipulada se pueda presentar como si fuera un hecho actual. Pretenden regular que los medios utilicen mecanismos para diferenciar de forma obligatoria. La información noticiosa de la opinión.
2. La Comisión reguladora de telecomunicaciones necesita fijar sus reglas operativas y pretende impulsar la creación de códigos de ética, obligatorios y defensorías de las audiencias fiscalizadas, con lo que el gobierno pretende sentar las bases de una nueva relación jurídica y de supervisión sobre las concesionarias de radio y televisión.
3. Ante el malestar de la oposición y los sectores periodísticos que ven en estos lineamientos, el intento de control editorial indirecto, la presidente sigue utilizando el tema para posicionarse públicamente, y por supuesto, enfatiza que no busca la censura ni la aplicación a discreción de multas sino promover un esquema de autorregulación responsable donde el ciudadano sea el centro. Busca reducir las tensiones políticas a través de mesas de negociación, con la cámara de la industria del radio y televisión.
4. La razón principal, por la que el tema está en el debate, deriva de la posición de la presidencia, que ya ha aclarado formalmente que los lineamientos no aplicarán a los programas del gobierno, ni a las conferencias matutinas conocidas, como las mañaneras, ni a los programas especiales que produzca el gobierno en sus diferentes matices, argumentando que son espacios de comunicación gubernamental directa y no medios concesionados de radio difusión. (SIC)
Decir que se defiende el derecho de las audiencias está en la agenda gubernamental, porque representa la vía legal con la que el gobierno de México busca reconfigurar las reglas del juego con los medios masivos de comunicación, argumentando la defensa del consumidor informativo frente a lo que el propio gobierno califica como campañas de manipulación mediática, es decir, nada de las mentiras que vierte el gobierno cada día desde su programa mañanero, podrá ser sancionado o cuestionado, y el derecho de réplica de los ciudadanos, de la oposición o de los actores de los medios de comunicación, no aplica.
Las nuevas estrategias para contrarrestar los contenidos de los medios de comunicación que no son afines a las políticas del gobierno mexicano son precisamente la materia de la discusión y es la lectura central que hacen los críticos, los académicos y los representantes de los medios de comunicación ante las acciones del gobierno actual.
El impulso a los nuevos lineamientos de la Comisión reguladora de telecomunicaciones, y los programas de réplica oficiales representan en la práctica el mecanismo de control indirecto, por las siguientes razones:
1. Obligan a los medios a separar de forma estricta la información de la opinión, con lo que se busca acotar el margen de maniobra de los conductores y periodistas críticos, abriendo la puerta a sanciones, si es que el gobierno considera que una opinión se disfrazó de noticia…
2. El gobierno actual utiliza la estructura pública para descalificar sistemáticamente las investigaciones periodísticas que cuestionan las políticas y las acciones de gobierno revirtiendo la naturaleza original del derecho de réplica, el cual fue creado para proteger al ciudadano frente a los abusos del poder, tanto mediático como político.
3. Tras la desaparición del Instituto Federal de telecomunicaciones, se advierte que la comisión reguladora de telecomunicaciones carece de autonomía técnica, por lo que las reglas sobre los contenidos quedan bajo la influencia y manejo del poder ejecutivo.
El gobierno rechaza que se trata de una estrategia de censura o persecución y trata de argumentar la legalidad de sus actos, sosteniendo que los medios masivos tradicionales han mantenido históricamente una línea editorial contraria a su proyecto de gobierno, por lo que el Estado justifica tener la obligación de defender el derecho de los ciudadanos a recibir información verás, pero también argumenta que no se impide la libertad de expresión, sino que se ejerce el derecho constitucional del gobierno, a aclarar datos falsos o imprecisiones
directamente ante la opinión pública.
El discurso oficial insiste en que los códigos de ética deben ser señalados y diseñados por los propios medios. Sin embargo, para el gobierno, el mejor disfraz de toda esta polémica es asumirse como defensores del derecho a la verdad y a la democratización de los medios, cuando en realidad es una estrategia de políticas regulatorias y discursivas diseñadas para neutralizar la narrativa de los medios de comunicación, que no les son afines al gobierno.
El uso de los derechos de las audiencias es una fachada jurídica con varios riesgos:
1. La extinción del Instituto Federal de telecomunicaciones y el traslado de sus funciones a la nueva Comisión reguladora de telecomunicaciones bajo las órdenes del ejecutivo. Eliminan la neutralidad técnica. El árbitro ya no es independiente, sino es el propio gobierno.
2. Exigir la separación obligatoria de información y opinión, bajo la amenaza de sanciones asfixia el debate público. Los medios, ante la ambigüedad de lo que la Comisión reguladora de telecomunicaciones considere “opinión, disfrazada “podrían optar por la autocensura para evitar multas o la pérdida de la concesión.
3. Programas oficiales, como el que conduce la consejería jurídica del gobierno, invierten la lógica democrática; el poder presidencial con todos los recursos del Estado se usa para señalar e intimidar a periodistas particulares, en lugar de proteger al ciudadano frente a los abusos mediáticos.
Estamos en la circunstancia de un retroceso democrático, el país transita hacia un modelo donde se mantienen las elecciones y la propiedad privada de los medios, pero el partido en el poder usa las leyes, el presupuesto público y los organismos reguladores para inclinar la balanza a su favor de manera permanente, la dirección final de este proceso dependerá del alcance que tengan los nuevos lineamientos tras las mesas de negociación, con la cámara de la industria de la radio y la televisión, de la resistencia de la sociedad civil, y del grado de independencia con el que periodistas y medios, sigan ejerciendo su labor frente a la nueva regulación.

Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.