//RED CIUDADANA 4.0:// RECOMENDACIÓN DE LA CNDH NO CAMBIA DECISIÓN DEL AYUNTAMIENTO

*Acepta municipio colaborar para deslindar responsabilidades
*Ampliará el SAT Plan Maestro de Fiscalización a MIPyMES
*Incrementan 4% de recaudación con empresas mayores
*Frenan avance en transparencia de presupuestos estatales

PROTEGEN TRIBUNALES BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

Jorge Luis Gámez Campos.

Aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por parte del municipio de Celaya, en relación a los hechos de Rincón de Tamayo sucedidos el domingo 15 de enero, no quiere decir que se den por válidos; es para colaborar con las autoridades competentes, la Fiscalía General y la Contraloría Municipal, para deslindar responsabilidades.
A este respecto, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Gámez Campos, precisió que la recomendación se refiere exclusivamente a los hechos del 15 de enero de 2023, nada tiene que ver con la decisión del Ayuntamiento, del 23 de diciembre de 2022, en la que ordenó la municipalización del servicio de agua potable y alcantarillado de Rincón de Mayo y su incorporación a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA), para garantizar el servicio a toda la población.

Esta decisión del Ayuntamiento, que ya fue recurrida por los vecinos inconformes, ya se resolvió de manera definitiva en los tribunales, el Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado, y por el Juzgado Octavo de Distrito del Poder Judicial Federal, al desechar un amparo interpuesto por los vecinos, concluyendo en que la decisión del Ayuntamiento fue legal, legítima y apegada a derecho, en protección de toda la población.
Sobre la recomendación de la CNDH el municipio va a cumplir con lo indicado: colaborar con las autoridades para deslindar responsabilidades, brindar servicio y atención psicológica a quien lo necesite, y promover la capacitación sobre derechos humanos a los elementos de la corporación de seguridad pública municipal.

EMPRESAS DEBEN CUIDAR BIEN SU CONTABILIDAD

Emigdio Archundia Hernández.

La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estado fiscalizando a las empresas grandes, logrando incrementar sus ingresos en 4%; pero va a empezar con las empresas medianas y pequeñas para poder alcanzar la meta propuesta en la Ley de Ingresos 2023: incrementar sus ingresos fiscales en 8.9%. El SAT tiene en su gran plataforma digital toda la información que necesita para detectar cualquier error o procedimiento inadecuado en el llenado de los formatos o en el cálculo de los impuestos, retenciones, deducciones y compensaciones, que aplicaron en su declaración anual recién entregada.
Emigdio Archundia Hernández, presidente del despacho Archundia y Asociados, consideró que, si bien, la Ley de Ingresos de 2023 no contempló el incremento de impuestos, ni una reforma fiscal como tal, sí hubo cambios regulatorios en materia tributaria, legal y laboral, que se están aplicando por primera vez durante este año, los cuales, junto con el lanzamiento del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023, han derivado en un incremento en las obligaciones fiscales de los contribuyentes, que se deben aplicar y revisar con mucho cuidado, porque a partir del uno de agosto próximo -por ejemplo-, se impondrán multas y sanciones a quienes hayan incurrido en fallas en su declaración anual, en cualquier compensación de impuesto contra los créditos fiscales, ya sea monto a favor o pago indebido.

El SAT, en cumplimiento de su Plan Maestro de Fiscalización y con toda la información que tiene de cada empresa en su gran plataforma digital -que también ha servido para simplificar y facilitar el pago de impuestos-, ha venido realizando acciones fiscalización muy detalladas a las empresas mayores, para evitar la evasión del pago de impuestos y la corrupción, pero también para cumplir con la meta de recaudación; ahora siguen con las MIPyMES y irán con las personas morales del Régimen Especial de Pequeños Contribuyentes.

Es importante, que los contadores de las empresas revisen muy bien el llenado de los formatos y apartados, desde los CFDI, hasta sus cálculos de impuestos, retenciones, deducciones y compensaciones, que tengan al día sus estados contables, financieros y sus papeles de trabajo, además de revisar bien la información que ya tiene el SAT, para no incurrir en errores que les cueste -por ejemplo- no poder hacer deducible la nómina por que las fallas hayan rebasado el 3% permitido.
Si las empresas mayores aportaron el 4% de la meta anual, propuesta como incremento en la recaudación, el otro 4.9% o 5% tiene que salir del resto de los contribuyentes.

GUANAJUATO Y 12 ESTADOS MÁS: 100% EN TRANSPARENCIA

La transparencia presupuestal, que mide el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en términos generales, presenta un estancamiento; sin embargo, por estados, 13 de ellos presentan un retroceso, como Zacatecas y Sonora; en otros, persisten malas prácticas, como en Durango, Morelos y Zacatecas. Los tres estados con las calificaciones más baja, son: Guerrero, Sonora y Michoacán; sólo siete, de las 32 entidades, alcanzaron un cumplimiento del 100%, en calidad y nivel de transparencia de la información presupuestal, que son: Baja California, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán.
La medición del IMCO, a través del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE),
publicado este martes 25 de julio, precisa que en los últimos 15 años aumentó la calificación promedio, pasando de 53% a 93%; sin embargo, en 2021 y 2022 el avance se estancó en algunos estados y en otros disminuyó, como: Zacatecas, con menos 11%, y Sonora, con menos 19%.
En esta medición, las calificaciones más bajas se registraron en estados como: Guerrero, con el 69.8%; Sonora, con el 76.7%, y Michoacán, con 78.5%.
El Barómetro de Información evalúa la calidad y el nivel de transparencia de la información presupuestal de los gobiernos estatales aplicando 116 criterios, donde la opacidad se concentra en 21 de ellos, enfocados en información sobre subsidios, fideicomisos y financiamiento a partidos políticos. Diez estados tienen una calificación igual o menor a 76%, en este informe.
Hay otros criterios que también ponen en riesgo la transparencia presupuestaria, como el cambio de gobierno. De las 15 entidades que tuvieron elecciones en 2021, el 6%, en promedio, retrocedieron., como Zacatecas y Sonora, con una caída de 11% y 19%, respectivamente, debido a la falta de continuidad en las políticas públicas y la incapacidad de las nuevas administraciones para aprovechar y construir sobre los avances de las administraciones pasadas.
Se indica que todavía existen presupuestos fantasmas, ilegibles e inconsistentes. Destacan tres malas prácticas: la coexistencia de múltiples presupuestos, como Durango que tiene tres presupuestos del Poder Legislativo, sin especificar cuál es el correcto; la existencia de presupuestos fantasmas, como en Morelos, donde hay programas presupuestarios que no tienen un presupuesto asignado para 2023; y la publicación de presupuestos ilegibles, como en Zacatecas, donde los anexos del presupuesto cuentan con 50 páginas imposibles de leer, lo que obstaculiza conocer los salarios de los servidores públicos del estado.
Lo que se pretende con el BIPE es contribuir a la adopción de un lenguaje único para el reporte y acceso de la información presupuestaria; los reportes homologados y públicos de la información presupuestal permite conocer las prioridades y distribución del gasto de los gobiernos locales. A su vez, la transparencia presupuestal ayuda a conocer y eliminar las malas prácticas en las entidades federativas.