*Fecha límite el 30 de abril
*Libran mujeres de violencia
*Crisis de desaparecidos

DEBEN CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO

Las Personas Físicas con percepciones superiores a 400 mil pesos anuales tienen hasta el 30 de abril de 2026, para presentar su declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 2025. Tanto la presentación de la declaración como la solicitud de devolución, de tener saldo a favor, es una obligación y un derecho que tienen las Personas Físicas, de acuerdo al Artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y al Artículo 1o del Código Fiscal de la Federación (CFF): contribuir al gasto público.

El C.P.C. Gonzalo Hernández Hernández, CEO de 2H Consulting, comentó que, de acuerdo al Artículo 33 del Código Fiscal, también están obligados a presentar su declaración algunos pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE, si superan los montos establecidos, así como los contribuyentes en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), a quienes aplican reglas específicas.
Las Personas Físicas obligadas son las que superen los ingresos establecidos, por sueldos y salarios, de dos o más patrones simultáneos, honorarios por actividades empresariales y profesionales, arrendamientos o inversiones; quienes, a su vez tienen derecho a aplicar algunas deducciones por gastos de honorarios médicos, colegiaturas y gastos funerarios, que pueden generar saldos a favor.

La presentación de la declaración y pago de impuestos se realiza en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), utilizando la información precargada de ingresos y retenciones. El pago se puede realizar hasta en seis parcialidades. Si resulta saldo a favor, deben solicitar la devolución.
Entre las herramientas digitales, el SAT dispone de los “Visores” de nómina y deducciones para verificar la información. Se recomienda que revisen la información antes de enviar su declaración.
APUESTAN POR AUTONOMÍA ECONÓMICA

Durante los meses transcurridos del presente año, la Secretaría de las Mujeres (SM) y el Instituto de Capacitación del Estado de Guanajuato (IECA) han brindado acompañamiento y capacitación a 17 mujeres, con sus 10 acompañantes, que fueron resguardadas en el Refugio para mujeres, por el riesgo de violencia crítica que presentaban. En 2025, se atendieron a 51 mujeres y 59 acompañantes, y se capacitaron a 30 mujeres, quienes se certificaron en “Mantenimiento Residencial Eléctrico” y “Repostería”.

En el Refugio para mujeres, sus hijas, hijos y acompañantes, además de los servicios integrales y confidenciales, como atención psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento social y apoyo para fortalecer su autonomía, recibieron capacitación, a través de diversos talleres, que imparte el IECA, buscando superar la dependencia económica, que es uno de los principales factores que obligan a las mujeres a permanecer con sus agresores o a regresar después de un período de separación.

En este primer semestre de este año, se ha impulsado un modelo de formación diseñado específicamente para las residentes del Refugio, que contempla talleres de Computación Básica y Herbolaria; con estas nuevas líneas de formación -siempre con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género- se busca reducir la brecha digital y fomentar el emprendimiento sostenible, para que las mujeres alcancen su autonomía económica y eviten que regresen a entornos de violencia.

Con ello, el acompañamiento del gobierno del estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, según su titular Itzel Balderas Hernández, no termina con el resguardo físico, sino que brinda alternativas para su empoderamiento e independencia económica, mediante la capacitación en diversas actividades, para que se empleen o emprendan un negocio al egresar del Refugio, porque para ellas la verdadera libertad comienza cuando una mujer sabe que tiene la capacidad y la posibilidad de sostenerse a sí misma y a su familia.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, en Guanajuato, casi 3 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia económica o patrimonial a lo largo de su relación.
COMISIONADO DE LA ONU, EN MÉXICO

La visita oficial a México del Alto Comisionado para la protección de los derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, ha causado revuelo en los círculos políticos y del gobierno federal, así como esperanza en muchos grupos defensores de los derechos humanos y de madres buscadoras, con quienes se va a reunir para analizar las posibilidades de desplegar un amplio programa institucional, que ayude a abordar el tema desde un punto de vista técnico, profesional y de la experiencia y apoyo internacional. El asunto de las personas desaparecidas es un tema que afecta a todos los estados del país y a muchas localidades, como Celaya, que ocupa el primer lugar de desaparecidos en la entidad.
La visita del Alto Comisionado de la ONU, responde a una recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para llevar el caso de México a la Asamblea General, a fin de activar el mecanismo excepcional, reservado para situaciones de gravedad extrema, a fin de generar los apoyos necesarios. La visita inició este domingo 19 y concluye el miércoles 22 de abril.

Directamente, desde el 2022, el comité recomendó a México implementar una Política Nacional de Prevención y Erradicación, ante la crisis de desapariciones, señalando un escenario “generalizado”. A la vez, exigió fortalecer la búsqueda, investigación, rendición de cuentas, y protección a familiares. En este 2026 activó el artículo 34 por falta de avances, llevando el caso a la Asamblea General.
Aunque inicialmente el gobierno de México rechazó el informe del comité; finalmente, terminó por aceptarlo, con sus aclaraciones y matices, aspectos en los que tendrán que abundar durante estos encuentros. La realidad es que la desaparición de personas se ha vuelto una práctica generalizada y sistemática, como cita el informe y -como lo citan algunas organizaciones-, con injerencia o permisividad de las esferas del gobierno.

En general, hay más de 133 mil personas desaparecidas; 72 mil cuerpos sin identificar; más de 5,600 fosas clandestinas en toda la república y una tasa de impunidad del 99.6%. En Guanajuato, tan sólo en el 2025 se registraron 951 personas desaparecidas y no localizadas; mientras Celaya, con una de las cifras más altas entre los 46 municipios, ha recibido 142 reportes, tan sólo en la presente administración. En el acumulado, Guanajuato ronda por las 5,500 personas desaparecidas, actualmente, que no han sido localizadas ni se sabe nada de ellas. En México en general, bajaron los homicidios dolosos, como lo reportan mes a mes, pero aumentaron las desapariciones y los hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas.

